La crisis del Federico es el resultado premeditado y excepcionalmente planeado de quienes idearon la Ley 100 y toda su doctrina de privatización, de introducción de elementos propios de la cultura del comercio, de la teoría de la competitividad y de la ética del comercio por encima de la ética médica y del humanismo que antes caracterizaba la gestión y la administración de la salud en Colombia.

Excepcionalmente planeado porque el objetivo fundamental de la Ley era disminuir y eliminar la atención pública de la salud como derecho ciudadano para dar paso a empresas que recibieran clientes y no pacientes.

Los médicos y trabajadores de salud del Hospital se han visto obligados a manifestar su inconformidad mediante paro de actividades y foros dirigidos a informar a la opinión pública del porqué de su proceder. Incumplimiento en el pago de sus salarios, inestabilidad y deficientes condiciones de trabajo hacen parte de los reclamos de quienes en primera instancia tienen a su cargo la atención de los pacientes. Las directivas manifiestan sus dificultades por problemas en el flujo de recursos por parte de las EPS y entes gubernamentales. Organizaciones como el Colegio Médico del Tolima han apoyado una solución a la actual situación, convocando a foros y conversatorios. Sin embargo, los problemas continúan.   

La crisis del hospital Federico Lleras Acosta, que repercute negativamente en la salud de los tolimenses, es una muestra clara de cómo el sistema de la Ley 100 va degradando el concepto y la sana administración de la salud. Los hospitales, centros científicos por excelencia, pasaron en muchas ocasiones a ser dirigidos por personas ajenas a la medicina y la salud. Economistas, ingenieros, administradores, contadores, todas profesiones muy respetables, entraron a la conducción de la ciencia médica y la salud, con total desconocimiento de lo que se les había entregado. Llegaron como “gerentes” y no como directores científicos. Primera gran distorsión y primer frente de conflictos. En caso de que el gerente sea un médico, este debe, por fuerza, obedecer al concepto de productividad. Los médicos y trabajadores del Hospital pasaron a ser, no miembros y empleados del centro científico, sino contratados por cooperativas que no se identifican con los objetivos del Hospital sino de su cometido como empresas de lucro.

El denso y esquizofrénico sistema financiero, con filtraciones y escurrideros propicios para la corrupción, obliga a que los antes denominados recursos sagrados de la salud pasen por infinidad de instancias que entorpecen su necesario ágil y oportuno flujo. La Gobernación, la Nación y las empresas privadas de la salud, EPS, son receptoras y de transferencia de dineros que, como en una espesa nata, flotan entre acusaciones y corrupción.

Hoy, en el hospital Federico Lleras Acosta, las víctimas del sistema, en primer lugar los pacientes, no “clientes”, los médicos, enfermeras, y demás trabajadores de salud, los directivos y las autoridades locales se debaten en un interminable proceso de acusaciones, enfrentamientos y paros sin solución, mientras no se desmonte el sistema de salud de Colombia.