Vuelve y juega, como dice el dicho popular. Nuevamente se presenta una reforma, esta vez con dos leyes, una estatutaria y la otra ordinaria o reglamentaria de la primera. 

Según uno de los analistas que más ha estudiado los errores de la Ley 100, el Dr. Mario Hernández, médico, Doctor en Historia, Profesor Asociado, Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia, “el Gobierno ha presentado la reforma con grandilocuencia como un avance fundamental para la garantía del derecho a la salud y la superación de la pobreza, como ha dicho el Ministro de Gobierno. Lamento tener que decir que no es ni será así. Por el contrario, se trata de una vuelta de tuerca que profundiza el modelo Ley 100 de 1993 por parte de los amigos y beneficiarios de este modelo”. 

Inicialmente la ponencia de la reforma presentada por el Gobierno, establecía los criterios generales del sistema de servicios de salud, para superar la intermediación financiera y laboral que desarrolló el modelo Ley 100 en el manejo de los recursos públicos en salud con las famosas EPS. 

Por esto proponía que la administración de los recursos se hiciera por entidades “exclusivamente de naturaleza pública”, sin lucro alguno, con amplia participación social y vigilancia, en territorios de salud que integraran la atención individual con la salud pública y que desarrollaran un régimen laboral estable y digno para todos los trabajadores y profesionales de la salud. 

Esto implicaba el rescate de lo público y de las funciones indelegables del Estado, para superar el enriquecimiento ilícito y la corrupción, tanto de los políticos como de los negociantes, que hoy son casi los mismos gracias al modelo Ley 100, como se puso en evidencia en la discusión de los impedimentos de los parlamentarios que tienen intereses en este sector.

La ponencia del Gobierno pretende mantener a toda costa el modelo Ley 100/93, según el cual, debe existir un “articulador” entre el fondo público y los prestadores, el cual no debe ser exclusivamente público, porque el Estado es incapaz y corrupto por naturaleza. Para establecer con claridad el pago y los “incentivos” para los “privados o mixtos” que participen en esta labor, se requiere definir el contenido del plan de beneficios que pagará el fondo público a los nuevos “articuladores”. En otras palabras continuar con las EPS, que según el Presidente Santos “desaparecerán del sector salud” en anuncio hecho a principios del año. 

Resumiendo y para mayor comprensión de la opinión publica, primero, las EPS no desaparecerán; segundo, se presenta una ley estatutaria que establece el derecho a la salud ´para todos los colombianos con una serie de postulados pero sin mencionar siquiera a las EPS; pero el Artículo 11 del texto definitivo dice que “el sistema de salud estará organizado en redes integrales de servicios de salud, las cuales podrán ser públicas, privadas o mixtas”, y es aquí en la mención a las redes privadas, en donde se dará cabida a las EPS; tercero, en la ley ordinaria que esta por venir, la intermediación financiera saldrá fortalecida pues los fondos públicos se “gestionaran” a través de las EPS.