Las buenas intenciones del Procurador General de la Nación

2 Jul 2017 - 3:01am

Las buenas intenciones del Procurador General de la Nación

Publicada por
PABLO ISAZA, M.D.
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En entrevista realizada por el periodista Yamid Amat al Procurador General de la Nación sobre el Sistema Nacional de Salud y publicada por el diario El Tiempo en su edición del domingo 25 de junio, este manifiesta que “las deficiencias de la salud matan más gente que la guerra; la salud en Colombia está en cuidados intensivos”.

El Procurador responsabiliza a las EPS de las deficiencias del sistema, al no cumplir con sus funciones y sus responsabilidades y de obligar a los pacientes al uso masivo de la tutela. Solicita el Procurador al Congreso la pronta reglamentación de la Ley Estatutaria de Salud, lo que no se ha hecho desde hace varios meses. La ley “permanece inmóvil” en el legislativo.

Continua Carrillo, “la salud en Colombia se convirtió en un negocio; desafortunadamente los pacientes son clientes, la historia de Saludcoop fue el negocio más lucrativo del mundo” y llama a un gran diálogo nacional en donde participen todos los actores del sistema para darle un vuelco. Carrillo propone un pacto nacional para cambiar el actual estado de cosas.

Loables los conceptos del Procurador, excelente radiografía del sistema y mejor aún las propuestas de cambio. Sin embargo, nada de esto es posible. Lo hace con la mejor de las intenciones; es hijo de profesor de salud pública de la Javeriana y familiar de médicos. Conoce mucho del tema.

En igual forma, en agosto de 2011 el presidente Santos se refirió al sistema en los siguientes términos: “En relación con el aseguramiento, que debe mantenerse, consideramos que el modelo debe ser estructuralmente reformado para que, como responsabilidad estatal cumpla con objetivos exclusivamente sociales, que permitan el goce pleno de la salud en armonía con los preceptos de equidad, universalidad y suficiencia, y con la garantía de que sus recursos deben destinarse únicamente a la atención de la salud. Para este cometido es lógica la responsabilidad pública indelegable, entendiendo que a su discreción el Estado puede delegar funciones administrativas y de gestión de riesgo en entidades públicas, privadas o mixtas, con exclusivo ánimo social”.

Las academias médicas y científicas se han pronunciado: “los atropellos a la salud como derecho fundamental de todo ser humano, han ido creciendo en la medida que transcurre el tiempo a partir de la Ley 100. Degradación en la atención del enfermo, desdén burocrático hacia el paciente y desprecio hacia el médico y el ejercicio de su profesión, todo para privilegiar el lucrativo negocio de unos pocos; el comercio con el dolor y el sufrimiento individual y familiar”.

Durante los 24 años de la Ley 100 se han hecho tres o cuatro reformas e infinidad de decretos y nada ha cambiado. Un ejemplo es la Ley 1438 de 2010 que no solo no disminuyó el poder de las EPS, sino que les otorgó más garantías.

Un agradecimiento a Carrillo por sus conceptos y propuestas, pero desafortunadamente el sistema es “inamovible”.

Este artículo obedece a la opinión del columnista. El Nuevo Día no responde por los puntos de vista que allí se expresen.