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El sector de la construcción se vio apoyado por la acción pública por medio de la habilitación de suelo para vivienda de interés social, que se tradujo en la posibilidad de incorporar suelo de expansión a la mancha urbana de la ciudad, por medio de la aprobación de los Planes Parciales de Santa Cruz 1 y 2, el Zorro, Urbanas hoy Parque Nativo y Corinto, que incorporaron un total de 452,8 hectáreas, de las cuales el 20% fue destinado a VIS.
Adicionalmente, se dejaron en proceso de concertación los planes parciales de Cañas Gordas, Parque Oriental, Perales, La Felicidad, Cauchitos y Minay, que sumarían cerca de 350 hectáreas adicionales, pero que pasados ocho meses y medio del presente gobierno no han avanzado, mandando el equívoco mensaje de que la administración de la ciudad no tiene interés en sacar adelante tales procesos, pese a los beneficios potenciales que éstos puedan tener en relación con la generación de empleo y reactivación económica en la ciudad.
Paralelamente con los planes parciales, se implementó, por primera vez en la ciudad, el cobro de la contribución de Plusvalía urbana, aplicable a los predios de expansión que se incorporaban al área urbana. Tal proceso permitió dejar calculada y definida la Plusvalía para los planes parciales El Zorro y Santa Cruz 1 y 2, que en conjunto podían estar pagando 63.000 millones de pesos al municipio y, que en la actualidad no se avanza sino que además se han objetado los cobros preestablecidos por la entidad contratada por la ciudad con ese fin.
Pero este comportamiento omisivo, se agrava pues los otros planes parciales aprobados no han recibido el cálculo y liquidación de plusvalía, como lo exige la ley, lo que les permite tramitar licencias de urbanismo y construcción sin haber comprometido recursos para el pago de la contribución, que es una exigencia legal y constitucional.
Esos recursos se habrían podido destinar a la ejecución de obras públicas por parte de los privados que deben realizar dichos pagos, como lo permite la ley y está reglamentado en el Decreto municipal 696 de 2014, contribuyendo a la reducción del desempleo y a la necesaria reactivación económica de la ciudad.
Frente a las propuestas de hacer de Ibagué un polo turístico que compita con el eje cafetero, se considera que la reglamentación de la promoción de la vivienda campestre es una opción que no debe dejarse de lado y que en poder de la administración actual se entregó una reglamentación técnica y jurídicamente sustentada, que hasta ahora no ha tenido trámite alguno. Sin áreas para los proyectos turísticos vinculados a la vivienda campestre, para hacer efectivo el potencial que se tiene en el área suburbana y rural del municipio, las posibilidades para que el sector turístico contribuya en la reactivación, se ve muy menguada.
Por último, se debe llamar la atención de que nada de esto se podrá llevar a cabo si el acueducto complementario no se termina, pues es por todos conocido que sin el suministro oportuno y eficiente del servicio de agua potable, el desarrollo urbano y económico se hace imposible.
Las opciones están dadas: O se continúa con una senda trazada haciendo los ajustes que consideren convenientes o se gobierna pensando más en las necesidades del jefe de turno que en las necesidades de la ciudad y su población.
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