Esta es la primera columna de una serie, en las que pongo a consideración de la opinión pública una propuesta sobre la reforma judicial y la del al sistema penal acusatorio.

En esta primera oportunidad me dedico a hacer un resumen de todo el asunto, es decir, de lo que se hablará en las próximas columnas: de la elección de los altos funcionarios del Estado y su relación con las altas Cortes.

En ese sentido se propone que se dé la total desvinculación de unos con los otros. Esto da independencia e imparcialidad. Se acudirá a un sistema de concurso. Se hablará de las víctimas, apartándonos de lo que muchos juristas piensan al respecto, para sugerir que se le dé más autonomía a estas dentro del sistema penal acusatoria, tal cual poco a poco se ha venido indicando por parte de la Corte Constitucional.

Yo sugiero que se concrete en normas y con mayor injerencia. Se hablará de la participación del Ministerio Público en los procesos penales, limitándola a lo que son sus funciones y eso para que se dé un equilibrio. Se hablará de las facultades del juez dentro del proceso penal acusatorio, negando su posibilidad de preguntar y de dirigir la actividad de las partes. Se hablará de casos puntales del procedimiento y desde luego de lo que es la parte práctica de todo el sistema. Esto último incluye la casación, las relatorías y las audiencias propiamente dichas. De la casación se sugiere que sea menos formalista y más material.

En la H. Corte Suprema de Justicia se inadmite la gran mayoría de demandas por falta de los requisitos. Se sugiere implementar un mecanismo que evite la mora en los tribunales y en las altas cortes. Se hablará de las relatorías, del centro de servicios y de la asignación de las audiencias.

No es posible que los tribunales y las altas cortes se demoren en sus providencias en forma importante. Se sugiere un mecanismo de apoyo y en caso dado de sanción.

En lo que tiene que ver con el sistema penal acusatorio propiamente dicho, se sugiere que: la imputación se debe mantener por ser fundamental para el derecho a la defensa, eso síhaciéndole cambios.

Lo relativo a la preclusión debe ser modificado, para que la defensa tenga los mismos derechos que hoy tiene la Fiscalía.