La crisis del sistema penal acusatorio

Entrega IX

El nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Leonidas Bustos, en la entrevista al periodista Yamid Amat, la misma que publicó el periódico El Tiempo el lunes 9 de febrero, se ocupó del tema en comento entre otros aspectos; ese es el tema de hoy, lo hago con todo respeto, teniendo en cuenta que sobre el asunto tengo publicadas 20 columnas en este diario y porque soy operador directo del sistema penal acusatorio en Ibagué desde el 1 de enero de 2007.

No fue fácil pasar de un sistema a otro muy distinto, a todos nos tocó prepararnos y adaptarnos de la mejor manera posible. El sistema se fue desdibujando, cada que ocurría algo especial en el país, de inmediato salía una ley que lo limitaba, esto respecto del principio de oportunidad, el allanamiento y los preacuerdos.

La jurisprudencia ha sido en ocasiones dura y en muchos casos contradictoria. Por eso es importante que el señor Fiscal General de la Nación, el actual Ministro de Justicia y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia se estén poniendo de acuerdo, poco más o menos, sobre los motivos de la crisis y sobre todo en la solución de la misma.

El Magistrado habla de la logística, de la cantidad de funcionarios y en especial se refiere al principio de oportunidad. Es cierto que faltan salas, que las que están funcionando tienen problemas de mantenimiento y yo agregaría que los centros de servicios están al tope. Estos últimos son un factor fundamental en la crisis y hoy son lo más parecido a lo que eran los juzgados del pasado.

En las unidades de Reacción Inmediata, conocidas como las URI, se necesita más fiscales para atender los casos en sus dependencias y, sobre todo, cuando estos actúan ante los jueces de garantías. Los fiscales de conocimiento requieren de más investigadores y un apoyo adicional de los funcionarios que les colaboran en sus oficinas.

Es cierto que los testigos tienen que sostener en audiencia pública, ante el afectado, lo que tiene para decir en su contra, eso implica riesgos y en todo caso no corresponde a nuestra tradición. En el pasado se daba la permanencia de la prueba y eso no ocurre hoy. Esos son los riesgos de un sistema oral, democrático y más garantista.

Como lo dice el Magistrado, el sistema no tiene reversa, todo lo que se puede hacer es mejorarlo, por ejemplo apoyando al testigo que tenga riesgos significativos. No solo se requiere de más jueces, fiscales e investigadores, sino también de más defensores públicos, dado que tenemos una carga muy grande. La nivelación salarial de los funcionarios y un mejor pago para los últimos cuenta para que el sistema funcione mejor.

Es importante el cumplimento de los audiencias por todos los operadores y a la hora fijada. Es que no todo tiene que ver con la parte técnica, igualmente se necesita la adecuada disposición de todos y por lo tanto es fundamental un coordinador que esté por sobre todos los que tomamos parte en las audiencias. En los artículos del código de procedimiento penal hay muchas disposiciones que deben ser modificadas y en un momento dado derogadas por ser rezagos del sistema que nos regia. Lo anterior para tener un verdadero sistema penal acusatorio, que respete la constitución y los tratados internacionales. Además de implementar el principio de oportunidad, se hace necesario que se aplique lo de la mediación, la medida de aseguramiento para eventos muy puntuales y se mantenga lo de la imputación, eso si modificándola como lo vengo proponiendo, esto es, dando participación al defensor con recursos y al juez permitiendo que sea el que decida.

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