Es clarita la idea de que la propiedad debe ser rentable para poder pagar los impuestos y que quede algo de utilidad. Pero también es cierto que las zonas históricas se deben conservar. Y para ello es necesario que las administraciones municipales, interesadas en los valores ciudadanos ancestrales, ¿como lo es la de Ibagué?, disponga de incentivos para que sea negocio el mantenimiento de la tradición arquitectónica. Probablemente no haya recursos para que el Estado adquiera esos bienes tradicionales. Pero sí puede, por ejemplo, dar un incentivo mediante la exoneración o el cobro mínimo del impuesto predial, al tiempo que restringe la posibilidad de construir en altura.

En sitios como Curitiba, en Brasil, a quienes den mantenimiento y tengan sus construcciones en buen estado, se les entrega unos certificados de mayor capacidad de construcción en lotes de otras zonas, certificados que son negociables y, por lo tanto, convertibles en dinero efectivo. Entonces, el centro histórico mantiene su bella y tradicional forma, mientras que los bienes han sido remodelados y modernizados por dentro pero con cuidadoso mantenimiento de las fachadas del viejo Curitiba. Algo así se debería hacer en Ibagué, en lo que queda de La Pola y, con urgencia, en Cádiz donde ya se está destruyendo su arquitectura, más moderna pero también muy valiosa.

Recordemos que en La Pola y en otros barrios residenciales transmutados en comercios, las calles y las redes de servicios públicos fueron diseñadas y construidas para una densidad poblacional mínima. Sin embargo, en cada lote donde vivía una familia, ahora viven 40 o 50 familias, con sus respectivos automóviles y mascotas que sacan a “pasear” por las estrechas calles. Y las aguas lluvias y servidas de una familia, ahora irán por el mismo tubo pero con el caudal generado en 10 pisos de cuatro apartamentos cada uno. ¡En fin…!

Otra cosa: ¡Enhorabuena, Concesión San Rafael! Se anuncia que pasado mañana, el martes, se pondrá en funcionamiento el túnel y viaducto de Gualanday. Lo harán con anticipación superior a un mes respecto de la fecha prevista. ¿Por qué será que, si existen constructores como los de la Concesión San Rafael, en el Tolima tenemos que sufrir y aguantar a quienes “construyen” el Túnel de La Línea y el de Boquerón, y la variante de Melgar, y el Panóptico, el estadio y el velódromo en Ibagué, etc.?