Ya estamos en lo que Santos llamó todo el tiempo el “postconflicto”, por fin llegamos a esa tierra prometida de ríos de leche y miel. Pero ¿qué nos encontramos? Nos encontramos un país cuya democracia e institucionalidad esta siendo avasallada por el acuerdo de Santos con Timochenko. En otros países la agenda pública está concentrada en las políticas educativas e industriales para competir con éxito en la cuarta revolución industrial que esta empezando en el mundo, en actualizar su infraestructura física, en tecnificar el campo encadenándolo con la agroindustria, en mejorar sus capacidades militares y policiales para enfrentar el desafío del terrorismo, y en expandir los programas sociales para mejorar la equidad.
Pero aquí estamos en post conflicto, y eso significa que la agenda pública está capturada totalmente para ejecutar los acuerdos que el pueblo colombiano negó en el plebiscito, y lo que es peor, a través del fastrack, se introducen a la Constitución dichos acuerdos para asegurarse que por los próximos 12 años esa captura sea mandato constitucional. En lo político las Farc, con sus comandantes perpetradores de crímenes atroces a la cabeza, tendrán curules y poder regional asegurado. En lo económico buena parte el campo se anclará en un sistema de producción colectivizado, se ahuyentara el capital, se pondrá en vilo el derecho a la propiedad privada y se paralizará el desarrollo agroindustrial. En lo fiscal el país quedará hipotecado a la costosa institucionalidad paralela y a la lista de deseos que Santos le aprobó a Timochenko (esta semana no mas el Gobierno anuncio mil 200 escoltas nuevos para Farc, ¿cuánto valen esos esquemas de seguridad?). Y en lo institucional lo más grave será el tribunal de la inquisición llamado “Justicia Especial para la Paz”, diseñado para condenar a quienes cumpliendo con el deber legal han enfrentado de uno u otra manera a las Farc. Algunos cándidamente, y sin entender el peligro, dirán que ese era el precio de la paz; ¿cuál paz? Si la matanza de policías continúa, si las hectáreas de coca que son el combustible de la violencia crece todos los días, si la extorsión esta desbordada, si la inseguridad ciudadana cada vez es peor; ninguna paz, estamos en un proceso de demolición de nuestra democracia y de anclaje a la pobreza por buscar una paz quimérica que nunca llego, empezando porque ni guerra había, lo que hay es una amenaza criminal que genera altísimos niveles de violencia y solo se acaba con justicia y seguridad. Y si la hubiera, ¿alguna paz justifica poner en riesgo las libertades individuales y el progreso de una nación?
Creo que Timochenko fue muy pesimista al pedir 12 años de blindaje constitucional para la implementación de los acuerdos. Con un solo periodo presidencial de un “pacifista” bastaría para que nuestra democracia y nuestra economía colapsen. Cuatro años son suficientes para que el tribunal de la inquisición procese a los demócratas que se opongan al castrochavismo fariano, cuatro años son suficientes para que quiebren las empresas que tendrán que aportar aun mas vía impuestos por el descalabro fiscal, cuatro años son suficientes para acabar de inundar el país de coca con el método de erradicación voluntaria y cuatro años son suficientes para que las masas empobrecidas se levanten por la carga impositiva, por los caros alimentos de un campo ineficiente y por el desempleo, y unjan a un mesisas que sin saberlo será su propio verdugo.
Por eso Colombia no se puede equivocar en el 2018, esto no es un asunto de si se es uribista o no, este es un momento trascendental en la historia. El país debe elegir un presidente que como Ivan Duque tenga la firmeza para contener a tiempo la demolición de nuestra democracia y tenga la visión para retomar una agenda publica que leve las anclas de la pobreza.
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