El proceso de paz, iniciativa que no dejo de apoyar, entrará en temas polémicos como el de los delitos conexos.

Por principio casi universal, cuando un grupo político se rebela en armas contra el Estado, se considera que por ese solo hecho comete un delito; pero se considera, además, que los delitos adicionales que cometerá en su actividad son conexos con su actividad política armada.

De tal manera, delitos como el porte de armas, el uso de uniformes exclusivos de la Fuerza Pública y el más doloroso de todos, la muerte de militares en combate, se consideran propios del hecho mismo de rebelarse en armas contra el Estado. Por ello, es usual que, cuando Estado e insurgentes alcanzan un acuerdo de paz, a éstos últimos se les perdone no solo por haberse rebelado en armas, sino por los delitos que para hacer tal cosa cometieron.

Pero como el conflicto colombiano se ha degradado tan profundamente, vendrán polémicas sobre ciertos delitos cuya clasificación como propios de la insurrección no es tan clara: el reclutamiento de menores, los ataques con explosivos contra objetivos civiles, el secuestro, etc.

A los negociadores cabría ofrecerles únicamente una humilde sugerencia: al tratar estos temas no permitan que el ansia de lograr un acuerdo les lleve a aceptar resultados que puedan tener consecuencias graves en el futuro.

En ocasiones, da la impresión de que el Gobierno negocia como si esta fuera la última vez que lo hará con un grupo armado. No parece importarles entonces los precedentes que sientan. Tal vez el fin de las Farc acabe con la más grande guerrilla de Colombia, pero si por nuestra historia hemos de guiarnos, es casi seguro que otros tocarán en pocos años la puerta de la negociación. Y si hemos dado a las Farc un tratamiento de extrema generosidad, demandarán lo mismo.

En el Meta circulan, por ejemplo, panfletos pseudopolíticos aparentemente distribuidos por las bandas criminales de la zona. Al indagar por ellos, los pobladores dicen que son grupos que están tratando de caracterizarse como políticos para negociar con el Estado. Si en La Habana se hacen concesiones excesivas, se estimularán las demandas excesivas futuras de otros.

Muchos malos precedentes hemos sentado ya, como la negociación con Pablo Escobar, o como Ralito. Hemos enviado la señal de que, para negociar eficazmente con el Estado, hay que ser lo más destructivo y malvado posible. Aprovechemos esta oportunidad para sentar precedentes más serios.