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El Corpus Christi, San Juan y San Pedro, por nombrar algunos de los más representativos, y especialmente para los municipios que integran la ruta del Magdalena, fortalecen cada año las experiencias de comunión, pertenencia, hermandad y reencuentro comunal y familiar.
Este 2020 será muy diferente. La epidemia del coronavirus cambió las reglas de juego para miles de personas que derivan su sustento de estas actividades festivas; sin embargo, no podemos perder el espíritu lúdico que nos define como cultura desde cada región o municipio en particular.
Colombia es un país de gente pujante, trabajadora y alegre, que ya tendrá en su momento la posibilidad de volver a compartir en caravanas y carrozas, ese sentimiento convocante e integracionista que nos hace tan particulares en medio de todas las naciones del mundo.
No obstante, en diversas comunicaciones sostenidas con líderes de los municipios existe una elevada preocupación por el impacto económico de no celebrar las fiestas patronales. Los más afectados son las personas que diseñan los trajes, quienes fabrican las carrozas, los vendedores informales de alimentos, los establecimientos públicos de diversión, restaurantes, casetas, estancos, el turismo, los transportadores y artesanos, entre otros actores.
Los cientos de miles de millones de pesos que dejará de mover la dinámica festivo-religiosa están por calcularse en su conjunto. Este daño apenas comienza a profundizar la crisis social que nos aqueja por el Covid-19, pues miles de familias multiplicaban por dos o tres sus ingresos en esta temporada.
Precisamente, el fin de semana anterior tuve la oportunidad de reunirme con los representantes de Cotelco para el norte del Tolima y el Alto del Magdalena, para quienes la crisis está llegando a niveles insostenibles. Con ellos, con el Gobierno y desde el Congreso de la República se han planteado propuestas y se viene avanzando en su adecuada reapertura con los debidos protocolos de bioseguridad.
Uno de los temas álgidos y urgentes del gremio es precisamente la exoneración del Impuesto de Valor Agregado (IVA) a los servicios de alojamiento para garantizar su rehabilitación y sostenibilidad. Igualmente, y en materia financiera, el gremio requiere de financiación especial para garantizar su operación con préstamos con un año de gracia y 10 años de plazo.
Sin duda, para este sector que proyecta un caída en la ocupación del 37 por ciento y pérdidas anuales que superarían los 100 mil millones de pesos y que para el caso regional incentiva más de 3.800 empleos directos, es compleja su supervivencia y una prioridad su recuperación, pues detrás de esta estructura se soporta buena parte de la cadena turística. Igualmente sucede con los sectores cultural y de entretenimiento que requerirán condiciones especiales en materia crediticia y fiscal para reingresar al escenario productivo.
Estamos haciendo, desde el partido Conservador, el debido acompañamiento y gestión ante el Gobierno nacional, específicamente ante los ministerios de Comercio y Hacienda, llevando las inquietudes de los empresarios, los gobernadores, los alcaldes, los transportadores terrestres y aéreos, de los comerciantes formales e informales, para que este segundo semestre se pueda intensificar la vida productiva inteligente y disminuir el efecto corrosivo de esta pandemia, que sigue desafiando las posibilidades y los límites de la convivencia y la paciencia.
Por el momento debemos seguir avanzando en medio de tantas dificultades y cuidándonos todos para ese reencuentro.
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