PUBLICIDAD
Mientras las actividades normales del comercio, la industria, el transporte y los servicios sufren un impacto negativo y el empleo se desbordó por efecto de la epidemia por coronavirus, el sector agropecuario ha garantizado que todos nosotros podamos contar con los alimentos en nuestra mesa y que los centros de abastecimiento o plazas de mercado cuenten con una significativa oferta de toda clase de productos.
Una emergencia de este tipo, como sucedía en la antigüedad y hasta finales del siglo XIX, hubiese devastado los sistemas de producción de alimentos, porque un virus o enfermedad cuando atacaba llegaba a todos los grupos poblacionales sin aviso y no había mecanismos de protección o bioseguridad como existen hoy. Sin los avances de la medicina, la investigación científica, la biología y las comunicaciones estaríamos frente a un desastre de mayores proporciones.
Una noticia alentadora en medio de la crisis es que los sistemas de producción alimentaria siguen prácticamente intactos frente a la epidemia; sin embargo, el principal verdugo que amenaza hoy el campo es, sin duda, el cambio climático, cuya mitigación sigue siendo incierta y que puede generar en unos años migraciones o desplazamientos a las cabeceras municipales de poblaciones tradicionalmente rurales.
Es precisamente por lo valioso de su condición que el país requiere reforzar sus inversiones frente a los sistemas de producción agraria y pecuaria. Y, en este orden de ideas, el presupuesto del próximo año estimado en 1,7 billones resulta insuficiente cuando los requerimientos puntuales para su protección y modernización duplican esta cifra.
Es entonces perentorio que el Ministerio de Hacienda y el DNP hagan un mayor esfuerzo fiscal y recapaciten frente a la idea de recortar los recursos, a pesar de la grave situación fiscal que atraviesa la Nación por la emergencia sanitaria y económica.
En este contexto sería equitativo mantener un presupuesto equilibrado para garantizar las inversiones que el sector exige para mejorar el estatus sanitario, modernizar el Instituto Colombiano Agropecuario y avanzar en temas de asociatividad, mercadeo y exportaciones; también para fortalecer el acceso a los mercados europeos y especialmente por las expectativas de los países asiáticos que cada vez se notan más interesados en café y frutas exóticas.
El fortalecimiento de las cadenas agropecuarias y un decidido apoyo a la agroindustria, así como la diversificación y tecnificación de los cultivos generarían más oportunidades en negocios. La competitividad tendría que estar centrada en aliviar también los costos de producción y en avanzar en el acceso a las cadenas de comercialización sin la participación de nocivos y ventajosos intermediarios, además de la inclusión de las mujeres y jóvenes rurales en proyectos sostenibles y rentables.
No obstante, las unidades agrícolas, situadas muchas veces en municipios alejados de los centros de consumo, esperan una fuerte inversión en vías terciarias, mayor acceso a créditos, conectividad, capacitación y formalización laboral. Aún persisten las deficiencias en acceso a salud, educación y servicios públicos en estas zonas.
Por ello, desde el partido Conservador y desde la Comisión Quinta del Senado hacemos un llamado respetuoso al Gobierno para buscar alternativas que dinamicen las actividades agropecuarias y haya una redefinición de rutas para garantizar mayores avances en admisibilidad sanitaria, acceso a mercados y en la protección de los pequeños productores. El campo colombiano no debería ser visto o tratado como la cenicienta del presupuesto.
Comentarios