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Nada más equivocado por parte de sectores populistas que poner en tela de juicio todo el aparato de Defensa y usar narrativas que propenden a generar un caos en la opinión pública todo por pretender ganar un mayor espacio ideológico aún atacando y menoscabando la institucionalidad.
El país protagoniza hoy un panorama preocupante en el que varias organizaciones al margen de la ley retoman posiciones de desestabilización amparados en el negocio del narcotráfico.
Otros grupos de narcoterroristas que traicionaron los postulados de la paz se atrincheran en Venezuela para atentar contra el país y como si fuera poco existe una labor criminal orientada a desestabilizar las ciudades por medio de células o milicias que se resguardan en el vandalismo.
La lectura de la realidad del país merece más seriedad y objetividad. Seguimos enfrentando mafias criminales con influencia en zonas marginales que amenazan nuevamente a los centros poblados y a las grandes ciudades como ocurrió con los desmanes en Bogotá.
Los criminales y vándalos están usando el derecho a la protesta pacífica para filtrarse, generar caos y causar destrucción sistemática en las urbes; no obstante, lo realmente absurdo es que ciertas organizaciones políticas terminen atacando a la Fuerza Pública por estas acciones y que grupos de manifestantes se presten de idiotas útiles para semejantes propósitos. Para colmo de males, en su discurso ahora los villanos son los integrantes de la fuerza pública y el Gobierno.
Me preocupa que se esté conformando un falso estado de opinión con una visión populista, irreal y altamente manipuladora de redes y segmentos sociales, en donde los antagonistas son el Ejército y la Policía. ¿A quiénes apoyan verdaderamente estas organizaciones que se dicen democráticas, pero que jamás protestan por los atentados, secuestros o por los uniformados heridos o muertos en combate? En Bogotá hubo 215 policías heridos en las recientes “protestas”.
No creo que nadie en un sentido lógico pueda desconocer que las fuerzas legítimas de la Nación, integradas por más de 400 mil uniformados se constituyen en un bastión de nuestra democracia. Dado su número de efectivos seguramente y en ciertas circunstancias algunos de sus integrantes caen en excesos y abusos que deben ser investigados, juzgados y castigados, pero no por eso se puede atacar de esa forma la honra de estas instituciones con fines politiqueros. Por violaciones individuales a la ley es injusto deslegitimar a toda la Fuerza Pública.
Ante este nuevo contexto y el pretendido ascenso de la criminalidad y el apoyo externo del régimen venezolano para desestabilizar las instituciones democráticas colombianas resulta imperativo rodear al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y al Gobierno colombiano, para seguir luchando contra el narcoterrorismo; asimismo, fortalecer la inteligencia policial y de la Fiscalía para desarticular el vandalismo organizado, por medio de más acertados protocolos de intervención, investigación y judicialización.
Los postulados de las protestas deben garantizarse siempre y cuando no fomenten consignas violentas. Colombia vive hoy la herencia del conflicto armado con serias y preocupantes amenazas a la seguridad ciudadana.
Este fenómeno viene acompañado con distorsiones y manipulaciones de un discurso que fomenta la destrucción de la institucionalidad y que persigue afanosamente la Casa de Nariño. Quieren hacernos creer que Colombia es un caos absoluto y que tienen el remedio para todos los males. El país siempre ha tenido desafíos y siempre los ha sorteado con enormes sacrificios y amparado en sus instituciones.
No caigamos en esta trampa, seamos más bien capaces de diferenciar entre los bienes de la democracia y el engaño populista.
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