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Creo que todos debemos avanzar en la recuperación del calendario académico, pues dado el pico y las nuevas velocidades de contagio, en el país se presagia que el primer semestre de este año será complejo en materia educativa.
Revelado el rezago existente en conexiones e internet, del cual el Gobierno nacional es consciente y ha hecho la tarea, para el cual ha orientado recursos físicos y presupuestales, la modernización en TICs deberá convertirse en una prioridad para todos los alcaldes y gobernadores de aquí en adelante.
Según la Universidad Pontificia Bolivariana, una gran parte de los estudiantes del sector rural suspendieron sus estudios en agosto de 2020, pertenecientes a los estratos más humildes.
Muchos padres retiraron sus hijos, pues no conciben o confían en la educación virtual, otros no tienen equipos o conexiones o dinero para iniciar una modernización. Otro tanto no alcanza a pagar matrículas porque perdieron su empleo o vieron limitados sus ingresos.
También en el sector rural prefieren ocupar sus hijos en labores de trabajo y en las ciudades se nota que los jóvenes quieren conseguir una ocupación porque sencillamente no hay presupuesto para estudiar y las necesidades económicas son crecientes en los hogares.
En buena medida, los jóvenes y las mujeres solicitando un empleo, adicionales a los puestos perdidos por causa de la crisis sanitaria, han aumentado la tasa de desempleo en el país. El trinomio de causa y efecto: pandemia -más desempleo- más deserción educativa, ha sido nefasto.
Las universidades son igualmente golpeadas por la epidemia. En Colombia, se estima que de dos millones de jóvenes que podrían ingresar a la educación superior, menos de un 50% logra conseguirlo. Con el coronavirus tal acceso, ya de por sí limitado, tendría un movimiento adicional, lo que altera el ciclo académico tanto para los estudiantes como para las instituciones.
Importante avanzar en planes de alternancia, adecuación tecnológica, horarios sincrónicos, prioridad en asignaturas presenciales con un aforo máximo de 25 personas cuando la situación epidemiológica así lo permita.
El reto, como lo esgrime María Victoria Ángulo, ministra de Educación, es resignificar los espacios educativos. Este año, el Gobierno nacional llegó a un presupuesto histórico de 43 billones de pesos para educación, lo que demuestra coherencia y compromiso con todo el sistema.
Es perentorio que desde las regiones se acceda a estos recursos y que haya una mayor planificación y coordinación de las secretarías de Educación y de las Tecnologías para acceder a todos los programas del Estado, como son el Fondo Solidario para la Educación, así como una posición más flexible del Icetex para otorgar créditos en condiciones especiales. Los programas de Alimentación Escolar, Primera Infancia, Jornada Única, Generación E, entre otros, requieren mayor impacto en regiones como la nuestra.
No obstante, la situación de orden público y la avanzada de grupos criminales dedicados al narcotráfico en las zonas apartadas de nuestra geografía pueden ver en la deserción rural un caldo de cultivo para aumentar el reclutamiento forzado.
Por ahora, no permitamos que el coronavirus también destruya, además de vidas humanas, las esperanzas, la formación y el futuro de nuestros jóvenes.
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