A medida que se conocen los Acuerdos de la Habana, es más claro la importancia que éstos van a tener en nuestra vida republicana. Y ello toma más relevancia en la medida en que la desaparición del actor armado ilegal, las Farc, evidencia las profundas grietas de nuestra estructura institucional.
No se puede seguir sosteniendo que la superación de un modelo económico profundamente inequitativo no se logra por los crecientes costos de la guerra o la imposibilidad física de acceder a las zonas de influencia de la guerrilla; ni tampoco que la rampante corrupción de los diferentes niveles del Estado tiene como origen la presión indebida de la violencia armada; o que la existencia de una generalizada economía ilegal de origen mafiosos (narcotráfico, minería ilegal o contrabando) tiene su razón de ser en las Farc o que la Justicia no es ni pronta ni eficaz por culpa del desbarajuste institucional producto de la guerra.
Lo que se pone en evidencia es que ésta guerra que ha empezado a terminar tiene profundas raíces en la estructura económica y social del país y que son esas condiciones las que se tienen que superar para que la paz se aclimate. Es indiscutible que ello va a implicar un esfuerzo continuo y de largo aliento del ejercicio de la soberanía estatal en sectores económicos y sociales donde la presencia ha sido marginal y en territorios donde su ausencia ha sido la norma.
Algunos de los retos que se deben asumir son los siguientes:
-Desde el punto de vista económico es necesario establecer un modelo de desarrollo económico que preservando los fundamentos de nuestro ordenamiento jurídico (la defensa de la propiedad privada, la libre empresa etc) sea capaz de superar las condiciones de pobreza de la población y la concentración del ingreso y la riqueza en pocas manos, al tiempo que promueva la inclusión social y la generación de mejores y mayores oportunidades, todo esto con el respeto del medio ambiente y de una explotación razonable de los recursos naturales, sin comprometer su sostenibilidad para que éstos puedan ser utilizados por las generaciones futuras.
-En consonancia con lo anterior, el Estado colombiano debe profundizar su confrontación con todas las expresiones de la economía ilegal, sea ésta representada por el narcotráfico, el microtráfico, la minería ilegal o el contrabando, pues todas ellas han sido el soporte de las diferentes formas criminales que socaven la legitimidad del Estado Social de Derecho y han promovido el paramilitarismo y la delincuencia común y política.
-Un reto de gran relevancia es la lucha contra las diversas expresiones de la corrupción en el sector público y privado. Las acciones que se emprendan no pueden ser solo retóricas, sino con resultados prácticos, donde no solo se den sanciones económicas y sociales a los responsables, sino que la sociedad perciba que el delito no paga y quien lo promueva recibirá todo el peso de la ley y la sanción social, pues no estamos dispuestos a seguirlos soportando. La corrupción es el mayor cáncer social que mina las posibilidades de desarrollo y paz de nuestra sociedad. Su combate tiene que ser una prioridad de primer orden para legitimar nuestro Estado de Derecho.
-Lo anterior tiene como corolario la necesidad de contar con un sistema judicial eficaz, de fácil acceso y con prontitud de resultados, para aclimatar la confianza de diferentes actores sociales, económicos y políticos en el poder disuasivo del Estado, que soporte la aplicación de la ley, para asegurar la convivencia y la paz.
Si el actual Estado Social de Derecho es capaz de llevar a buen puerto estos retos, es probable que los Acuerdo de la Habana estén abriendo el camino de una paz duradera, donde todos los colombianos nos veamos reflejados. Si no se logran estos cambios, se requerirá un nuevo pacto social que lo lleve a cabo.
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