La firma del Gobierno nacional y de las Farc del nuevo texto del acuerdo para el cese de hostilidades y una paz duradera, es un nuevo aire que recibe el proceso, después del traspiés que ha significado el plebiscito del 2 de octubre pasado.
El Gobierno nacional, dejando atrás su propia vanidad en la búsqueda de una refrendación popular, que la podría enrostrar a sus adversarios políticos y ha optado por la vía del Congreso de la República, que era el mandato que recibió el Presidente de la República en su segundo período, de continuar los diálogos iniciados en La Habana hasta hacer la Paz por medio de un acuerdo político con la insurgencia. Lo del plebiscito no hace parte de ese mandato y todos asumíamos que la propia elección obligaba al mandatario con la propuesta de Paz y que el procedimiento debía ser el mismo utilizado en otros procesos, que con base en las obligaciones constitucionales del primer mandatario se llevaban a cabo las conversaciones y se legitimaban con la propia firma del acuerdo, sin requerir aprobación adicional de ningún proceso de refrendación, que no es exigido por nuestra carta política.
La refrendación por el Congreso parece no tener inconvenientes mayores, pues es el foro natural para que los parlamentarios adversos al proceso de Paz, puedan expresar sus puntos de vista y que se debatan en el recinto institucional que la democracia ha definido para estos menesteres. Seguir invocando las formas plebiscitarias, es solo un mecanismo para sabotear las posibilidades de Paz que el pueblo colombiano ha expresado de múltiples formas. Este momento, que es el del Congreso de la República, se ha querido desdibujar y hasta despreciar, por parte de los parlamentarios de la oposición, promoviendo posturas que desdicen de su compromiso con la democracia, como la revocatoria del Congreso o la convocatoria de otra consulta popular, por medio de la recolección de firmas.
Frente a estas andanadas contra el proceso de Paz, es necesario que la sociedad civil colombiana se haga presente en esta discusión, apoyando activamente el proceso de Paz y que los electores que acompañamos este mandato en las urnas, dejemos de ser observadores pasivos de las tropelías que está impulsando el Centro Democrático, abrogándose la vocería y representación de los que votaron por el No en el plebiscito, pero que lo hicieron con la buena fe de creer que se podía hacer un mejor acuerdo, como efectivamente se logró, pero que no están en contra del proceso de Paz. Así como muchos de los que votamos por el Sí no somos santistas, igualmente muchos de los votaron por la negación en el plebiscito, no hacen parte del uribismo. La Paz es de todos los colombianos y no solo de los señores Santos y Uribe.
El presidente Santos tiene que cumplir con la Constitución y el senador Uribe debiera hacer lo mismo y por su innegable representación política, saber poner por encima de sus intereses personales y su infinita vanidad, los intereses superiores de la Nación y de la Paz.
Pero la refrendación en el Congreso no es la implementación de los acuerdos que concretan, en textos legales, el anhelo de paz de la nación colombiana. Ese proceso no está asegurado y los enemigos de ella actuarán, agazapados o públicamente, para evitar que se realicen las necesarias reformas que garanticen la paz y que permitan que el grupo insurgente se reintegre a la vida democrática del país.
Lo anterior puede ser más complicado pues se empieza a sentir los aires del próximo debate electoral y en épocas preelectorales los congresistas pueden pensar más en las próximas elecciones que en las futuras generaciones y en ese momento, la acción de la sociedad civil organizada y actuante será definitiva para el proceso. Debemos establecer formas a manera de “Comités de Ciudadanos por la Paz”, no con el fin de promover una determinada opción electoral, sino para estar vigilantes y actuantes con el objetivo de defender la posibilidad de Paz que se ha abierto y reafirmar que este es un tema demasiado importante para dejárselo solo a los políticos de profesión.
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