Las cifras entregadas por el Dane sobre el crecimiento económico son altamente preocupantes, pues un incremento de 1,1% en el PIB no alcanza siquiera a compensar el crecimiento vegetativo de la población, lo cual hace que el PIB per-cápita disminuya, dando las condiciones para que los indicadores de pobreza y desigualdad se incrementen.
Pero si el dato nos inquieta por los efectos que puede tener en la situación económica de la población, más sorprende la equivocada lectura que el Ministro de Hacienda y algunos analistas hacen del mismo.
La estrepitosa caída del sector minero energético, menos 9,4%, no es el producto de un adverso ambiente internacional ni de precios del petróleo en franco deterioro, pues éstos se han estabilizado por encima de los 50 dólares el barril. El deterioro de la inversión en este sector es el producto de la desconfianza de los inversionistas internacionales en el ambiente económico y político del país, que ha sido deteriorado por el comportamiento politiquero e irresponsable de los opositores al proceso de paz, que con base en mentiras y exageraciones han proyectado una realidad económica inexistente sobre el futuro del país, donde la iniciativa privada y la economía de mercado se ve afectada.
Poco o nada les importa los efectos de sus llamados hacer trizas el acuerdo de paz o las cartas mentirosas al congreso norteamericano, pues su propósito es hacerle conejo al país y a la paz, pues ellos han sido beneficiarios de la guerra, bien a través de la corrupción o de los negocios.
Claro que este comportamiento ha estado acompañado de las equívocas acciones de un gobierno que ha preferido obtener la gobernabilidad a través de la repartición clientelista de los recursos públicos y del poder político y el silencio cómplice ante la corrupción de empresarios y funcionarios públicos, que jugarse por una ´proceso de apoyo real y efectivo a la inversión y a la producción nacional.
La caída de la construcción, menos 1,4%, y del comercio, menos 0,5%, es el resultado de la pérdida de confianza del consumidor interno en el manejo económico y de la reducción en la capacidad de compra del demandante final como efecto de la reforma tributaria y de la ausencia de políticas de promoción productiva y generación de empleo. Las débiles acciones emprendidas para la reducción de tasa de interés son insuficientes y el manejo monetario restrictivo, buscando a toda costa el control de la inflación, está afectando las decisiones de consumo. No puede ser que para curar la enfermedad de la inflación tengamos que matar el crecimiento económico del paciente.
En el caso de construcción, donde el país está haciendo una gran apuesta a través de inversión en las vías 4G, también se está llegando al final de un ciclo de especulación con los precios de la vivienda y las construcciones urbanas que han superado todas las previsiones y probablemente la burbuja inmobiliaria se haya empezado a romper, pues las transacciones inmobiliarias se han detenido y el inicio de nuevas obras se han aplazado.
El sector que soportó el débil crecimiento fue el agropecuario con una tasa positiva de 7,3%, como efecto de una mayor confianza de los inversionistas rurales en las posibilidades del país, como producto de una mejora substancial en el ambiente de inversión como producto de las conversaciones de paz y la evidente reducción del delito y la inseguridad. Pero este sector ahora se ve enfrentado con los efectos del período de lluvias que pueden desquiciar parte substancial de los avances obtenidos.
Frente a esto no se entiende que el ministro salga a decir que la situación se superará como efecto de la aplicación de una política fiscal que profundice las decisiones de la reforma tributaria o como lo sostiene el Fondo Monetario Internacional de continuar con la contracción monetaria que reduzca las presiones inflacionarias.
Si queremos crecer, eso solo se logra mejorando la confianza de los consumidores, de los inversionistas internos y externo y con una ampliación en el empleo como resultado de la ampliación de los mercados internos y externos lo que implica una política económica centrada en el apoyo al sector real de la economía, es decir la industria y el sector agropecuario, con capacidad productiva y de exportación y no solo preocupada en la política fiscal o monetaria.
Economista
Comentarios