Los conocedores del funcionamiento del sistema de gestión del riesgo y atención de los desastres en el país establecen que ante una emergencia como la que vivió nuestro departamento en abril y mayo pasados ocasionada por fenómenos naturales como la ola invernal, deben activarse unos planes de atención señalados por la ley, que ponen en alerta a todos los niveles del sistema: municipal, departamental y nacional.
Son los municipios en esencia los que deben atender de primera mano las emergencias que se suscitan, porque directamente las padecen, pero nunca están preparados para enfrentar este tipo de situaciones, debido a que no cuentan con los insumos técnicos, tecnológicos ni presupuestales para hacerlo; por ende, corresponde a los departamentos y a la Nación apoyar a los territorios para superar estas adversidades.
Para las emergencias que vivieron los municipios del Tolima, solo el Gobierno departamental, en respuesta oportuna a la gravedad de los daños y la urgente necesidad de resolver las afectaciones en vías, puentes, viviendas y demás, declaró la calamidad pública y dispuso una importante porción del presupuesto para intervenir en reparar: puente Hatoviejo vía Rovira - Playarrica - Roncesvalles, por 3 mil millones; Puente sobre el río Cambrín en Rioblanco, por 5.500 millones; apoyo a alcaldías con 26 equipos de maquinaria con personal de operación y combustible por 3.000 millones; además, se hace la gestión para la aprobación de recursos de regalías para obras de mitigación del riesgo en el río Saldaña tramo Ataco - Rovira por 6.000 millones, el río Cucuana a la altura de Playarrica en Rovira por 13 mil millones, y el puente Agudelo sobre el río Gualí en Honda por mil millones. Todo esto suma 31.500 millones de pesos en obras de infraestructura.
Si el gobernador Barreto no hubiese tomado la actitud de compromiso y de reacción inmediata a los problemas que generó el invierno haciendo un enorme esfuerzo presupuestal, la crisis social y económica que tendrían las zonas afectadas en este momento no tendría precedentes. Lógicamente, estas inversiones ocasionaron una desfinanciación de los proyectos que se tenían previstos para lo que queda del cuatrienio y aún el Gobierno nacional brilla por su ausencia.
Una vez más se demuestra la falta de apoyo del gobierno del presidente Santos a las necesidades y problemas del Tolima. No puede ser posible que ante la magnitud de las tragedias que en infraestructura vivió nuestro departamento no exista colaboración aunque mínima del sector central. Por lo tanto, para dar cumplimento a lo consignado en la ley y para cumplir con la activación y solidaridad de los sistemas de gestión del riesgo, la Nación debería devolver una buena parte de lo invertido por el departamento y así reivindicarse con los municipios afectados y con todos los tolimenses.
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