La Alcaldía de Ibagué profirió el decreto 1000 - 378 del 27 de mayo de 2017, “Por medio del cual se establece la reglamentación del aprovechamiento económico del espacio público en la ciudad de Ibagué”; esta norma, modifica sustancialmente las reglas que en cuanto al aprovechamiento de espacio público se tenían en la ciudad y de entrada genera más inquietudes que puntos a favor.
Por ejemplo, el artículo 7 del precitado decreto, determina las actividades que se pueden realizar en el espacio público; es allí, donde se establece que el uso comercial de los antejardines solo se permite en áreas con uso principal diferente al residencial, es decir, que los antejardines en zonas residenciales quedarán prohibidos, lo que implica que, las cafeterías o las tiendas de barrio no podrán utilizar esos espacios para el desarrollo de sus negocios, constituyéndose en un gran problema para los pequeños comerciantes de los barrios que son la base de la económica local.
Sumado a lo anterior, se encuentra que el artículo 26 cambia la fórmula que calcula el pago por el aprovechamiento económico de los antejardines. Antes, el decreto 555 de julio de 2012 establecía un pago anual equivalente a 2 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes por cada metro cuadrado utilizado en los antejardines que se encontraran en la carrera 5 entre calles 25 y 42.
Ahora, se parte de la base de que se cobrará un Salario mínimo Mensual Legal vigente por cada 15 mts de antejardín utilizado, si usted se encuentra en estrato 5 y 6; se le cobrará el 50% de esta tarifa si el antejardín está en estrato 1 y 2. Esto equivale a un incremento igual o superior al 100% del valor anteriormente cobrado y el decreto no especifica si el pago debe hacerse anual o en el peor de los casos mensual.
Bajo estas circunstancias, razón tiene la Administración municipal en querer darle una utilización adecuada al espacio público y así generar una oportunidad de ingresos para la ciudad, pero se equivoca al momento de prohibir el uso comercial de antejardines en zonas residenciales e incrementando el costo que por su uso hacen algunos establecimientos de comercio; esto afecta directamente la principal vocación económica que tiene Ibagué, por ende disminuye las posibilidades de ingreso para los que se dedican a esta actividad y la generación de empleo que se desprende de ella.
Además, no se da una solución clara para los que de manera informal explotan el espacio público, fomentando su ocupación ilegal. Espero que el Sr. Alcalde reconsidere lo que en este decreto se dispuso, permitiendo que los comerciantes continúen su labor sin mayores gravámenes y así no contribuir a la fuerte desaceleración económica que tiene el país.
Comentarios