El 28 de julio de este año, escribí para el Nuevo Día la columna: “Aumentaron el costo por el uso del espacio público y no nos dimos cuenta”, haciendo referencia al decreto 1000 - 378 del 27 de mayo de 2017, “por medio del cual se establece la reglamentación del aprovechamiento económico del espacio público en la ciudad de Ibagué”; en donde se dispone el uso comercial de los antejardines cambiando la fórmula que calculaba el pago por su aprovechamiento.
Desde luego, desde diferentes sectores de la ciudad, especialmente del comercio, se protestó por el radical aumento en el cobro y el perjuicio económico que traería para los comerciantes la implementación de esta medida. Después de varios meses de estudio, la Alcaldía municipal accedió a reducir el cobro por metro cuadrado por la utilización del espacio público (antejardines) en un 75%.
En este sentido, la Administración municipal acierta al querer buscar mecanismos que le generen una oportunidad de percibir recursos para reinversión en la ciudad, más aún, si se trata de los bienes de uso público que de ninguna manera pueden auspiciar la explotación económica de un particular, pero se debe evaluar que este costo a los establecimientos de comercio, por mínimo que sea, junto a la actual situación económica del país, afecta directamente la principal vocación económica que tiene Ibagué, por ende disminuye las posibilidades de ingreso para los que se dedican a esta actividad y la generación de empleo que se desprende de ella. Así, también lo dio a conocer Fenalco.
Bajo estas circunstancias, sería interesante promover alternativas que incentiven la formalidad, permitiéndole a los comerciantes pagar por el uso del espacio público con una compensación producto de los empleos que genere cada establecimiento de comercio, es decir que, por un nuevo puesto de trabajo que produzca cada negocio comercial podría compensar la tarifa impuesta por la utilización del espacio público.
La Alcaldía no puede incurrir en el error de poner más tributos a los que están dentro del marco de la formalidad y la legalidad, dejando al garete la ocupación ilegal del espacio público por parte de los informales que a pesar de ostentar confianza legítima para su estadía en las calles, deberían ser los primeros en ser regulados por parte de la Administración municipal. Bastaría con transitar la “calle bonita”, ubicada en la calle 14 entre carreras Cuarta y Segunda para constatar lo urgente de la medida.
Nota: Celebro la decisión de la plenaria del Senado de la República que hundió el proyecto de reforma política que pretendía avalar el vergonzoso “transfuguismo”, que beneficiaría a unos pocos que, de partido en partido, buscan el bienestar de sus propios intereses.
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