Desde el punto de vista económico, Ibagué no es un municipio rico. El presupuesto aprobado para el año 2018 supera por poco los 600 mil millones de pesos; a esa cifra, se le debe descontar entre otros gastos, los de funcionamiento de la Administración municipal (funcionarios - infraestructura), las inversiones que realizan en salud más los costos asociados a la educación. Lo que queda, no siendo mucho, se denomina “libre inversión”, y es lo que en teoría tienen los gobernantes para reflejar sus prioridades y estilo de gobierno.
Las ciudades que están en similares condiciones que la nuestra, por población y extensión geográfica - Armenia, Manizales, Bucaramanga -, además de la gestión ante el Gobierno nacional y de la creatividad para conseguir recursos de sus mandatarios, han tenido que recurrir a la imposición de nuevos tributos o contribuciones como la valorización, para lograr las grandes obras de desarrollo por las que ahora son reconocidas.
En Ibagué ya contamos con un estatuto orgánico de la contribución de valorización, que fue establecido por el Concejo municipal mediante el acuerdo 0005 del 6 de mayo de 2016; allí se define la valorización como un gravamen real sobre las propiedades inmuebles, destinado específicamente a la construcción de un proyecto de interés público que se cobra a los propietarios o poseedores de aquellos bienes inmuebles que reciben o han de recibir un beneficio como consecuencia de una obra o proyecto de obras de interés público.
Recientemente, la Alcaldía radicó ante el Concejo un proyecto de acuerdo que contempla la realización de algunas obras de infraestructura (repartidor vial de la calle 25 con Guabinal, el de la calle 60 con Quinta, la carrera 13, entre otras), que serían financiadas por valorización.
Pero el proyecto de acuerdo no cumple el requisito de prefactibilidad que exige el estatuto de valorización, por lo que no se cuenta con un estudio que determine: descripción y caracterización de la obra o de las obras, diagnóstico socioeconómico y evaluación de la capacidad de pago de los propietarios o poseedores de los inmuebles dentro del área de influencia ni sondeo de opinión de las obras, como lo establecen los artículos 13 y 14 del precitado estatuto; ni tampoco existe consultoría o estudio que sustente con claridad el costo de cada una de las obras.
Lo anterior, denota una total falta de planeación y de sensatez por parte de la administración municipal, porque además de querer aprobar un proyecto de acuerdo improvisado, desde hace dos años el Gobernador anunció su interés de realizar con recursos de la gobernación por lo menos una de las obras que ahora, vía valorización, pretenden cobrarnos a los ibaguereños.
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