El martes pasado, el Senado de la República le dio vía libre a la realización de la consulta popular anticorrupción; iniciativa que busca que los colombianos respondan siete preguntas con las cuales se pretende cerrarle el cerco a la devastadora corrupción que ha agobiado al país.
Ahora, el presidente Santos tiene ocho días para definir la fecha en la que se hará la consulta que, según el Ministro del Interior, no podrá exceder del 2 de septiembre de este año. Las siete preguntas que se harán son: 1. Reducción del salario de los congresistas, 2. Quitar el beneficio de casa por cárcel a los corruptos, 3. Transparencia en contratación, 4. Audiencias públicas para la utilización del presupuesto, 5. Rendición de cuentas obligatoria para congresistas, 6. Declaración de renta pública y 7. Limitar la reelección de congresistas.
Estos temas han generado un interesante debate jurídico que desde ya, se convierte en un obstáculo más que debe sortear la consulta - mecanismo que por demás, es la primera vez en utilizarse en 27 años de vigencia de la constitución de 1991 -. Por ejemplo, la reducción del salario de los congresistas depende del Ejecutivo, es decir, que es potestad exclusiva del Presidente de la República tomar esa decisión por lo que la consulta ya tendría limitado su alcance; o en el caso de las audiencias públicas para priorizar el presupuesto, la Ley 1757 de 2015 y hasta la propia Corte Constitucional señalan que las consultas populares no podrán decidir sobre temas presupuestales.
Aunque el problema de la corrupción es más de fondo (educación), y a pesar de las controversias jurídicas que se presentan y de que algunos temas ya estén contemplados en la ley sin ser aplicados, la consulta popular anticorrupción constituye un avance político significativo hacia el cambio en el ejercicio de lo público que a gritos reclaman los colombianos, las más de cuatro millones de firmas que avalaron el proceso para que fuese tramitado en el Congreso y los resultados electorales del 27 de mayo confirman ese anhelo ciudadano.
Es necesario entonces, que ese fervor que se levanta alrededor de la lucha contra la corrupción se materialice el día en el que se logre hacer la consulta, puesto que se requieren más de 12 millones de votos para que tenga efectos legales y así se pueda demostrar que los aires de renovación política son una fuerza viva, latente, que quiere una real transformación de la gestión pública, que el común denominador es Colombia y no lo intereses individuales. Así despierta una nueva generación que quiere un mejor país.
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