El próximo domingo se realizará la consulta popular anticorrupción; en la cual se busca que los colombianos respondan votando siete preguntas con las que se pretende cerrarle el cerco a la devastadora corrupción que ha agobiado a nuestro país.
Las siete preguntas que usted encontrará al momento de votar son: 1. Reducir el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado, 2. Cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado, 3. Contratación transparente obligatoria en todo el país, 4. Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía, 5. Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión, 6. Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguirles el dominio y 7. No más atornillados en el poder; máximo 3 periodos en corporaciones públicas.
Estos temas han generado un fuerte debate jurídico y económico que hace más especial la consulta -mecanismo que por demás, es la primera vez en utilizarse en 27 años de vigencia de la Constitución de 1991-.
Por ejemplo, la reducción del salario de los congresistas depende del Ejecutivo, es decir, que es potestad exclusiva del Presidente de la República tomar esa decisión por lo que la consulta ya tendría limitado su alcance; o en el caso de las audiencias públicas para priorizar el presupuesto, la Ley 1757 de 2015 y hasta la propia Corte Constitucional señalan que las consultas populares no podrán decidir sobre temas presupuestales.
El cáncer de la corrupción ha hecho metástasis en toda la sociedad, puesto que su perjuicio no solo recae en el ejercicio de lo público; saltarse un semáforo en rojo, intentar “meter un billete falso” o colarse en la fila, son una sencilla muestra de lo que somos. Por eso, la consulta popular anticorrupción constituye un avance político significativo hacia el cambio que a gritos reclaman los colombianos.
No importa qué su aplicación se convierta en un debate jurídico que no conduzca a nada o que el costo de su realización sea alto, lo importante aquí, es que la elección del domingo es un acto de desagravio de los administrados en contra de los excesos de quienes nos administran, y que ese hecho, sirva para fomentar una cultura basada en la legalidad.
Es necesario entonces, que ese fervor que se levanta alrededor de la lucha contra la corrupción se materialice este 26 de agosto, ¡que ese día pase a la historia!, ya que se requieren más de 12 millones de votos para que tenga efectos legales y así se pueda demostrar que los aires de renovación política son una fuerza viva, latente, que quiere una real transformación de la gestión pública en donde el común denominador sea Colombia y no lo intereses individuales.
Comentarios