El miércoles, el Tribunal de la Justicia Especial para la Paz JEP, le comunicó al país que la solicitud de extradición que realizó el gobierno de los Estados Unidos sobre Zeuxis Pausias Hernández Solarte, más conocido como Jesús Santrich, por haber negociado el envío de 10 toneladas de droga a ese país sería negada, decretando a su vez la libertad inmediata del ex comandante guerrillero.
La discusión se centraba en si el supuesto delito cometido por Santrich, habría sido anterior o posterior a la entrada en vigencia de los acuerdos de paz, es decir, que los hechos delictivos cometidos antes del año 2016 serán tramitados por la JEP y los que reincidan, con posterioridad a esa fecha, serán juzgados por la justicia ordinaria.
Todos vimos el video que sirvió como prueba para que una corte de los Estados Unidos junto con la Fiscalía General de la Nación dieran captura a Santrich y a cuatro personas mas implicadas en el hecho; sin embargo, la JEP tomó la decisión de negar su extradición y a la postre dejarlo en libertad, aduciendo que, no se podía establecer si la comisión de los delitos fue antes o después de la entrada en vigencia de los acuerdos porque las pruebas no fueron debidamente aportadas al proceso; esto sin importar, que el material probatorio del caso fue de publico conocimiento para los colombianos (el video salió por todos los medios de comunicación digitales y televisivos), entonces decidieron que debían respetarle el debido proceso. Demasiado garantistas los magistrados de la JEP, ante un hecho tan evidente. Sin duda, esto ya genera suspicacias y le resta legitimidad al tribunal.
Lo anterior sirvió de pretexto, para que el Fiscal General de la Nación renunciara a su cargo y saliera “medio bien” de la Fiscalía, después de resultar implicado en el gran escándalo de Odebrecht sin que aún exista claridad sobre su participación. Además, en la rueda de prensa en la que anunció su salida, con un alto tinte politiquero y demagógico, invitó a la movilización social como desobediencia de la decisión tomada por la JEP. ¡Que irresponsabilidad!
Indiscutiblemente lo sucedido pone en riesgo la estabilidad institucional del país, puesto que genera desconfianza en el aparato judicial, pero por eso no se pueden plantear acciones extremas analizadas a la ligera, como una asamblea nacional constituyente, un referendo o que el presidente decrete un estado de conmoción interior. No debemos olvidar que estamos en un estado social de derecho donde existe independencia entre las ramas del poder público, que ante la decisión de la JEP cabe el recurso de apelación, que aún tenemos tratados internacionales vigentes y que la solicitud de extradición continúa.
Tampoco podemos dejarnos llevar a la desesperación por cuenta del vaivén de la polarización y los intereses electorales. Las instituciones siempre estarán por encima de las personas, es la base de la democracia, eso hay que recordarlo siempre.
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