La lamentable noticia del cierre de la producción de C.P. Company, la empresa textil que por años fue un referente del departamento, tiene unas profundas connotaciones que van más allá de la resignación de sus propietarios y de la tragedia de los cerca de 200 trabajadores directos y de los 400 indirectos, entre madres cabeza de hogar y víctimas del conflicto armado.
Lo que sucedió con C.P. Company es la radiografía de la crisis que actualmente enfrenta el sector textilero y varios gremios económicos del país, por cuenta de una carga laboral e impositiva que hace cada vez más difícil hacer y sostener empresa, sumado a las medidas tomadas por el Gobierno nacional que favorecen la importación de prendas a costos muy bajos, haciendo en extremo difícil competir con los productos locales.
Adicionalmente, desde el Gobierno nacional no han realizado la implementación y reglamentación de los artículos 274 y 275 de la ley 1955 de 2019, por medio de la cual se expidió el Plan de Desarrollo Nacional denominado “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”; estas normas se incluyeron en el plan de desarrollo, con el fin de establecer un arancel a las importaciones y a las aduanas nacionales para blindar el mercado interno, pero, su puesta en marcha se ha retrasado, ocasionando un perjuicio a empresas e industrias que se quedan sin argumentos para ganar clientes y espacios comerciales.
Ese descuido del Gobierno nacional, sumado a la desaceleración económica que se vive, fueron los elementos que originaron el cierre operativo de esta histórica empresa. Desde luego, las consecuencias de esta situación se evidencian directamente en Ibagué, haciendo más gravosa la situación de cientos de familias que ahora no tendrán un ingreso económico para sobrevivir en una de las ciudades con mayor desempleo del país.
Y por si fuera poco, el tradicional supermercado “Centrales”, ubicado en el barrio La Pola, anunció su cierre. La intención de la alcaldía de recuperar el espacio donde funcionaba, los nuevos establecimientos comerciales que ofrecen los mismos servicios y baja afluencia de clientes, contribuyeron a que sus propietarios tomaran la decisión de no funcionar más; de allí se despiden 11 trabajadores que en adelante aumentarán los nefastos indices de desempleados.
Aunque estas situaciones son el reflejo de lo que está pasando en Colombia desde lo económico, es urgente que la Administración municipal estudie y aplique, algunos estímulos tributarios para el comercio, en el entendido que se debe prevenir que más empresas cierren su funcionamiento y así, evitar que se continúe con el casi estático desarrollo económico de la ciudad.
Comentarios