Empiezo por hacer dos precisiones: a) Utilizo el término contralores para referirme a ellos y a procuradores, defensores del pueblo, personeros municipales, Auditor General de la República y demás similares. b) Creo que dichos funcionarios, en líneas generales, son ajenos a la corrupción que ha invadido al poder público del país.
Sin embargo, en materia de resultados, la actividad de los contralores deja mucho que desear por distintas razones, siendo la primera, la falta de idoneidad y politiquera forma de nombrar a sus colaboradores. Este primer factor desde hace mucho tiempo ha debido corregirse, estableciendo los concursos de méritos; pero paradójicamente los más opuestos son los gobernantes y altos ejecutivos del poder público, que arreglan lo necesario para que el que los “vigile” sea un amigo político y este, a su vez, quien haga los demás nombramientos.
El segundo relevante factor es el atinente a la carencia del control social a lo público, frente a los contralores. Estos son expertos en formular controles de advertencia y frecuentes anuncios de posibles daños fiscales e inicios de investigaciones, sobre cuya culminación rara vez se llega a tener noticia. La ciudadanía no cuenta con recursos para crear y operar veedurías especializadas y los medios se limitan a replicar los frecuentes anuncios pero no inquieren sobre muchas omisiones fáciles de percibir, ni sobre la imposición de sanciones ejemplarizantes.
Lo anterior se traduce en una costosa ineficiencia y, además, en flagrante incumplimiento de las normas legales y disciplinarias que obligan a todo funcionario a rendir cuentas y presentar reportes de gestión, periódica y públicamente; obligación que no puede reemplazarse por esporádicas elaboraciones de informes escritos, los cuales ni tienen amplia divulgación, ni menos son susceptibles de ser objetados.
En resumen los contralores no tienen quien los ronde, sin que sea válido argumentar que para eso se creó el Auditor General de la República a quien nadie vigila; y no cabría seguir inventando vigilantes de los vigilantes. Lo lógico sería fortalecer el control social que, inclusive, podría aplicarse a la supervisión de los concursos de méritos antes citados, si se lograse que fueran adoptados.
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