No la tiene fácil el gobernador Luis Carlos Delgado Peñón con lo acontecido en la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima, Edat.
Primero, por su reiterado eslogan de campaña que prometía “cero tolerancia con la corrupción”. Y segundo, porque si alguien representa al jaramillismo en su gobierno, es el actual gerente de esa empresa, Ancízar Carrillo Reyes.
Carrillo ha sido hombre de confianza y ficha clave dentro del equipo jaramillista, desde que dirigió en 1985 junto a María Stella Vásquez Baracaldo (actual diputada de Emilio Martínez) la fundación Social Hilda. Más de 30 años de fiel compañía, sin parpadeo alguno, que envidia cualquier esposa.
De ahí que su ingreso al Gobierno departamental en reemplazo de Francisco Montoya no haya sido un simple cambio burocrático, sino un claro movimiento político para perfilar la campaña de su jefe, Mauricio Jaramillo Martínez, en los municipios donde hace inversión la Edat.
Como fiel amanuense de los Jaramillo, Carrillo era el hombre perfecto para ejecutar los recursos destinados para el programa ‘Aguas para la prosperidad’, propuesto por el Gobernador en su Plan de Desarrollo. Había sido gerente del Ibal, representante a la Cámara, director del Inurbe y gerente del fenecido Fonart, que cumplía funciones similares a la actual Edat. Con el ingrediente adicional de ser buen conocedor de la dirigencia jaramillista en cada municipio del Tolima.
Luego, los disparos en ráfaga lanzados por el diputado Ricardo Orozco en su debate de control político en la Asamblea no fueron al aire ni con pólvora mojada. Tienen bastante sustento y no van dirigidos contra la persona de Carrillo, sino contra el gobierno de Delgado Peñón y la campaña política de su pretendido sucesor, Mauricio Jaramillo.
Orozco, alfil de la Casa Barreto, escogió muy bien la diana y con fundamentada información ha hecho evidente el desastre de la Edat, no solo en la ejecución de los recursos para acueductos, alcantarillado y aseo en los municipios, sino también en el manejo administrativo de la entidad por la vinculación de numeroso personal mediante contratos u órdenes de prestación de servicios.
Las denuncias en la contratación y ejecución de las obras de acueductos y alcantarillado para comunidades necesitadas de alejados territorios (Rioblanco, Fresno, Santa Isabel, Villahermosa, Murillo y Villarrica, entre otros) sobrepasan los 20 mil millones de pesos y hacen parte de los dineros transferidos al departamento por el Ministerio de Hacienda por el rubro de ingresos del Sistema General de Participaciones.
En lo administrativo, es inconcebible que una empresa con nómina de planta de 12 personas vincule en el presente año (de elecciones locales) 60 profesionales y auxiliares, comprometiendo más del 90 por ciento de su presupuesto anual. Síntoma que es muy factible se repita en otras dependencias de la Gobernación.
Y aunque las denuncias de Orozco tienen un elevado tufillo político - electoral, esto no las demerita, quedando muy claro el raído mensaje que en campaña cada aspirante a cargos de elección en el poder Ejecutivo enamora y seduce a sus votantes con promesas y propuestas, que después de electos y posesionados no hacen parte de las políticas públicas ejecutadas en su mandato.
El reto del gobernador Delgado es tener que escoger entre el silencio cómplice ante las denuncias de despilfarro de los dineros públicos, o salvar su honor, dando traslado a las autoridades judiciales y disciplinarias de las denuncias hechas por el diputado Orozco en la Asamblea y exigir la renuncia al manisuelto funcionario.
Personalmente creo, que por lealtad personal y política, hará lo primero.
Comentarios