La sentencia de la Corte Constitucional que dio vía libre al plebiscito como instrumento de refrendación de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno colombiano y las Farc ha puesto al uribismo ad portas de un jaraquiri político.
Muy pocos pensaron que la Corte tocaría extremos de flexibilidad política con el proceso de desmovilización armada, como el alcanzado en el trascendental fallo.
Ni el mismísimo Álvaro Uribe esperaba que la institución que avaló su torticera reelección iría a ponerlo ahora en un verdadero callejón sin salida.
El tuiteo entre Jesús Santrich (vocero de las Farc) y Ernesto Yanhure (líder uribista) esta semana es solo la imagen repetitiva que tendremos en el Congreso, los Tribunales de Justicia transicional y los medios de comunicación nacionales e internacionales, como escena permanente de una película que tiene como libreto descorrer el macabro velo de 50 años de violencia política y social vivida en Colombia.
Y en este largometraje el uribismo, así como otros actores económicos, sociales y militares, tienen, junto a las Farc, un papel protagónico en virtud de su enorme cuota de responsabilidad.
Ese es el gran temor de Álvaro Uribe. Y ahí, su tardía jugada de querer hacer parte de una negociación que siempre criticó por la calificación de narcoterrorista que siempre dio a las Farc.
Ahora pretende replantear los diálogos de La Habana, de manera específica en los dos temas que lo perjudican y trasnochan: la Jurisdicción Especial de Paz y la participación política de las Farc en el Congreso.
Por esa razón invoca el derecho a un juzgamiento imparcial, independiente y autónomo para empresarios, políticos, militares y líderes sociales que dentro del reconocimiento de la verdad resulten involucrados por el apoyo directo o la pertenecencia a organizaciones armadas ilegales. En lo de su interés, las paramilitares.
Replantear estos temas ante la Mesa de negociación con la participación suya o de delegados de su organización política, cuando el acuerdo está siendo objeto de corrección de estilo, es un salvavidas que lanza para que el presidente Santos lo asga y evite el evidente jaraquiri al que está llevando a sus compañeros de lucha.
Porque es claro que el Acuerdo de La Habana que dará inicio al proceso de desmovilización armada y su consecuente reconocimiento de verdad, reparación y aplicación de Justicia que será votado en el plebiscito, regirá no solo para las organizaciones políticas ilegales sino también para quienes desde la institucionalidad las propiciaron o apoyaron, o cometieron delitos y crímenes en defensa de ella.
Como los Samurai de la edad Media, el uribismo opta por el jaraquiri, antes que, como empieza a contemplarse, deba someterse a un Tribunal de Justicia que juzque su actuar y posible responsabilidad en los hechos malignos de los últimos 20 años.
Solo así, conociendo la verdad, podremos empezar a recorrer un verdadero camino hacia la paz.
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