El corazón de Ibagué se muestra infartado jurídicamente. Después de ocho meses de ejercicio del poder del médico Guillermo Alfonso Jaramillo, el gobierno del programa “Ibagué, con todo el corazón”, presenta delicados y graves problemas coronarios. Bastó el nombramiento de uno de los cargos directivos del municipio y la elección de dignatarios por parte del Concejo Municipal para que esta insuficiencia cardiaca saliera a flote.
El nombramiento y posterior posesión del gerente del Ibal, Luis Alberto Girón, fue el primer detonante que prendió la alerta. Un error que deberá costar caro, así los ánimos parezcan apaciguados por los voladores de la futura consulta popular minera.
Sobrevino la elección de personero y contralor municipal, así como de la secretaria de la corporación que los elige, el Concejo Municipal, hechos que han puesto sub judice penal y disciplinariamente a la gran mayoría de cabildantes, quienes en silencio se sienten utilizados por los intereses electorales que dicen direccionó el ejecutivo.
Duros fiascos jurídicos que tienen en aprietos a la gran mayoría de concejales que alcanzaron a morder una sabrosa torta de chocolate servida a manteles por el jefe de la Administración Municipal y que contribuyó a complicar las arterias y venas coronarias del Gobierno local. A esto se han sumado las denuncias penales contra el alcalde por supuesto fraude procesal y falsedad en documento público, la destitución de su asesora jurídica consentida y de confianza, María Constanza Aguja. Así como la orden de la Corte Constitucional de investigar a uno de sus asesores importados, por un posible acoso sexual cuando lo acompañaba en la Secretaría de Gobierno de Bogotá.
Y si como todo esto no bastara, una orden de arresto en su contra por no acatar la orden impartida por un juez de tutela que ordenó el reintegro de la exgerente de la Unidad de Salud de Ibagué, Diana Elizabeth Gaitán, lo tiene ad portas de un delicado incidente de desobediencia judicial con notables consecuencias penales.
Y aunque se esperaba que la pregonada transparencia en la contratación pública sería el punto a favor de este aparente nuevo estilo de gobierno, las mismas licitaciones públicas han sido controvertidas por los participantes o posibles postulantes en temas como la seguridad y vigilancia, las obras civiles, e imprevistos de acueducto y alcantarillado del Ibal, a las cuales no solo no se presenta la ingeniería criolla, sino que expresan públicamente que éstas lucen direccionadas hacia contratistas allegados a la administración Municipal.
“Cómo me voy a presentar a una licitación, si quien direcciona la contratación en esa entidad es una controvertida y reconocida abogada de nosotros, los ingenieros?”, expresó un curtido contratista tolimense que hace críticas a la contratación del Ibal.
De infarto, la situación jurídica municipal. En tan corto tiempo. Y todo indica, que no hay visos de que esto pueda mejorar, a pesar de estar al frente un connotado médico cirujano cardiovascular.
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