En el año 2000 se realizaron elecciones locales de alcaldes, concejales, diputados y gobernadores, para un período constitucional y legal de tres años que iniciaría el primero de enero del año 2001 y concluiría el 31 de diciembre de 2003.
Para la alcaldía de Ibagué se postularon como candidatos opcionados Jorge Tulio Rodríguez Díaz y Óscar Barreto Quiroga.
Como militante del partido Liberal, movimiento Fuerza Estratégica Tolimense, impulsé al interior del movimiento político cuya cabeza visible era el médico Jorge Eduardo Casabianca, la iniciativa de lanzar una tercería con opción y bastante aceptación en el sector empresarial y público, la del abogado Hernando Hernández Quintero.
Fui derrotado bajo el miope argumento que Hernández Quintero necesitaba y requería mostrar ejecutorias y resultados en la política, así como había demostrado ser un excelente académico y funcionario del Banco de la República, cuya gerencia territorial había ejercido hasta que obtuvo su pensión.
Equivocadamente se le sometió a liderar una campaña al Concejo de Ibagué y convivir con una jauría, ávida de poder e intereses económicos como concejal, en un escenario agreste para quien tenía otras condiciones y calidades de liderazgo, ajenas totalmente al tormentoso y pendenciero tinglado que se vive en los concejos municipales.
Hernando Hernández terminó prontamente renunciando.
El tiempo me dio la razón y se perdió una importante oportunidad para haber proyectado un líder que en esa o en posterior elección llegaría a dirigir con otro perfil, los destinos de la ciudad.
Importante recordar este episodio, porque fue bajo el mandato de Jorge Tulio Rodríguez – candidato ganador – que se empezó a construirse y fortalecer el cartel político que hoy nos tiene bajo el rótulo de ser uno de los municipios más corruptos de Colombia.
Su campaña, apoyada y liderada por los para entonces senadores Mauricio Jaramillo Martínez, Carlos García Orjuela y Luís Humberto Gómez Gallo, salió victoriosa y una vez en ejercicio del poder le entregó a éstos las mejores tajadas del ponqué municipal, lo que les permitió consolidar un poder burocrático y político que se mantiene vigente en el municipio de Ibagué.
Jaramillo se apoderó de la contraloría municipal, importando para el cargo desde el municipio del Líbano a la abogada Gloria Esperanza Millán. Gómez Gallo conservó la personería con Fredy Camacho y la secretaría del Concejo se le dio como premio de consolación a las coaliciones decisorias del concejo local.
Descollaron desde entonces personajes como Carlos Eduard Osorio, designado como Jefe de la oficina Jurídica, importado desde el Fresno; Orlando Arciniegas Lagos, recién llegado de el Líbano y abogado personal del alcalde; Gloria Esperanza Millán, traída por Mauricio Jaramillo para ser electa como contralora municipal.
Pero lo que más sorprendió fueron las palabras del electo alcalde, quien en su posesión dijo: “El ibaguereño que obstaculice la implementación del programa de gobierno es un anti – ibaguereño que debe ser identificado, puesto en evidencia y sometido a un proceso de resocialización acelerada para que madure y entre en razón rápidamente”. (Diario El Nuevo Día, página 5 A, 4 de enero de 2001)
Lo anterior, para que quienes votaron por él, le ayudaran a despejar los obstáculos interpuestos en desarrollo de su administración.
Y a fe que lo consiguió. Su mayor opositor, Félix Eduardo Martínez, fue asesinado y el concejal Hernando Hernández Quintero debió renunciar ante el manoteo político que contra él ejercieron sus concejales adeptos.
Así empezó a fraguarse el Cartel del Tolima.
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