Son muchas las estafas, fraudes e injusticias que en Ibagué y el Tolima se han cometido y cometen con los destechados. Venta de lotes sin servicios y licencia de urbanismo, urbanizaciones piratas, programas de vivienda fallidos, son solo ejemplos de las modalidades utilizadas por negociantes y habilidosos timadores que se lucran con el engaño y la necesidad de miles de familias necesitadas.
La urbanización San Sebastián del barrio El Salado de Ibagué ha sido uno de los casos más sonados mediáticamente, por el contubernio creado entre empresarios privados, una institución financiera nacional y servidores públicos del Municipio, que les vendieron a numerosas familias sus viviendas construidas en terrenos destinados para el espacio público y áreas comunales. Con el ingrediente adicional, que no contaba la constructora con los permisos de conexión y construcción de un adecuado alcantarillado, lo que convirtió las viviendas en inhabitables.
De ahí que el mismo Municipio que por intermedio de Planeación Municipal había aprobado planos, licencias y permisos de construcción, por decisión de la Dirección de Espacio Público ordenó la demolición de las viviendas que se habían construido ilegalmente, por parte de la empresa Construventas Limitada y con el notable perjuicio de sus adquirentes, quienes ya estaban siendo embargados y ejecutados judicialmente por la entidad financiera.
Numeroso procesos civiles, penales, administrativos, acciones de tutela, remate de casas y órdenes de demolición se empezaron a tramitar y decidir desde el 2005, hasta que fue condenado y separado del cargo uno de los servidores públicos cómplice del entuerto, mientras muchos de los afectados abandonaban la lucha, frustrados de no encontrar eco sus clamores ante las instancias judiciales, que como se ha convertido en costumbre, estaba favoreciendo a los poderosos.
Jairo González Hoyos, conocido como “El Llanero Solitario”, por perseverar en su lucha por no dejarse desplazar de su único patrimonio forjado con su trabajo de más de 20 años, tomó en serio su causa y hace pocos días una autoridad judicial decretó la nulidad del proceso ejecutivo que mantenía embargado, secuestrado y listo para remate su casa, providencia que no fue objeto de controversia alguna.
Con esta decisión, Jairo termina una lucha de más de 12 años contra la entidad financiera que le había embargado el inmueble, que reivindica el tesón que siempre ha exhibido en su diario trajinar, pero que lo deja a merced de la Dirección de Espacio Público que pretende ejecutar una orden de demolición, cuando el mismo Municipio por intermedio de Planeación avaló y permitió la construcción de la urbanización.
Es el más claro ejemplo de lucha de uno de los miles de destechados, que no solo son estafados y engañados por carteles de constructores, politiqueros y delincuentes, sino que son perseguidos y/o deesatendidos por el mismo Estado que es permisivo por acción u omisión con estas actividades ilícitas.
@jiramirezsuarez
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