Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), resume el drama de estos profesionales: “Dichas pymes están proscritas de los grandes postulados oficiales: son inaccesibles para ellas los requisitos financieros y de experiencia que se les exigen en la mayoría de los procesos licitatorios. No existe para ese conglomerado de empresas una política de créditos y financiación, ni se les pagan siempre de manera cumplida las acreencias oficiales. Se las señala con el dedo acusador cuando reclaman el apoyo de los anticipos tradicionales (…). Como si lo anterior fuera poco, los círculos excluyentes de la corruptela les cierran las puertas cada vez más en muchos entes territoriales” (http://bit.ly/16Nv9Is).

El antagonismo de la ingeniería nacional con las políticas oficiales de contratación no se limita a las pymes. También acosa a firmas mayores que no hacen parte del grupito de trasnacionales y monopolios vinculados con el capital financiero, entre otras razones porque la línea es que los contratos oficiales se entreguen ‘a dedo’, con las normas del derecho privado, como lo decidió Santos para la reconstrucción por la ola invernal de 2010 y las cien mil casas de la reelección. 

Según la Contraloría General de la República, el grado de concentración del negocio escandaliza: 60 contratistas acaparan el 42 por ciento del presupuesto; y el dedazo predomina: solo el 31 por ciento de los recursos se contratan por licitación pública.

Caicedo Ferrer señala además la toma de la parte sustancial del negocio de la construcción y la infraestructura por firmas extranjeras, firmas que la propaganda oficial presenta como invirtiendo mucho en el país, cuando en 2012 apenas trajeron 244 millones de dólares, equivalentes al ínfimo 1.5 por ciento del total de la inversión, porque a lo que vienen es a desplazar a la ingeniería nacional y a lucrarse de la capacidad de ahorro de los colombianos. Y las pequeñas sumas que traen son de tipo golondrina, es decir, que alzan el vuelo hacia sus países de origen una vez les ingresan a sus cuentas los primeros recursos públicos, cosa que también ocurre con sus utilidades.

Es tan descarado el diseño de las licitaciones a favor de las trasnacionales, que fueron estas las que “en su inmensa mayoría” lideraron el interés por las futuras concesiones viales, en las que el esfuerzo de Colombia llegará a 40 billones de pesos. Y es muy grave que el vocero de la CCI agregue que “se percibe la competencia desleal de muchas firmas de afuera que abogan por condiciones especiales en los pliegos licitatorios” o que “han incumplido las obligaciones contractuales” o que “empiezan a acercarse al país en compañía de un sinnúmero de abogados, para exigir renegociaciones en cuanto surjan los problemas (…) que suelen afectar a las obras en Colombia” y que “empiezan a merodear por aquí, igualmente, empresas extranjeras de papel, que ofrecen la mediación de políticos o lobistas de profesión para facilitar la concreción de negocios”, empresas que con frecuencia vienen de Europa, de donde vienen a desaguar la crisis de ese continente.

Concluye Caicedo: “¿Estaremos recorriendo el camino de países que de manera indiscriminada abrieron las puertas al competidor extranjero y debilitaron y destruyeron, por ende, sus empresas locales?” (http://bit.ly/16p1SWo). En lo que a mí respecta, no hay duda. ¿Habrá peor gobierno que el que prefiere lo foráneo a lo nacional? En el Principado de Anapoima no sobra dejar constancia de que el presidente de la CCI no pertenece al Polo Democrático.

También indigna a los ingenieros que Santos resucitara los auxilios parlamentarios, al otorgarles a sus grandes electores el derecho a decidir qué obra se hace y qué contratista la construye. Se materializa así el famoso CVY, en este a caso a cambio de respaldar el libre comercio, que es el que impone entregarles la parte principal de los recursos y las obras nacionales a las firmas extranjeras.

Coletilla: Urrutia no renunció a la embajada en Washington por un acto de “gallardía”, como dice Santos, sino porque violó la ley. Y es inaceptable que el Presidente insista en aprobar la Ley Urrutia, para lavarles las ilegalidades a los clientes de su amigo y a importantes financistas de su campaña electoral.