Y él informó que usted autorizó esos actos, realizados con premeditación para hacerle daño al senador que encabezará la lista del Polo Democrático Alternativo en las elecciones de marzo. Con esta van dos embestidas de la Casa de Nariño contra el único partido declarado en oposición a su Gobierno.

Su ministro fue capaz de hacer pública la grabación de una conversación privada realizada en mi oficina con dirigentes sindicales de Cerro Matoso (BHP Billiton), hecho que de por sí viola mi derecho a la intimidad (privacidad) contemplado en el artículo 15 de la Constitución, así como el Código Penal sobre violación ilícita de comunicaciones. Para agravar las cosas, presentó con amaño el contenido de esa grabación, porque me acusó de decir lo que no dije, mutiló y falsificó frases mías y concluyó difamándome, con lo que transgredió el Artículo 20 de la Constitución sobre el derecho a la información veraz e incurrió en el delito de injuria. Cuánta debilidad moral la de quien dicta clases públicas de ética, pero lo hace sobre el pedestal de una ‘chuzada’ ilegal que el Gobierno debería explicar y violando más normas del Estado de derecho.

Rubén Darío Lizarralde me satanizó por respaldar el derecho constitucional de los trabajadores a movilizarse en defensa de sus intereses y ocultó que tal movilización se proponía exigirle a su gobierno descongelar 135 mil millones de pesos, que mucha falta le hacían al municipio de Montelíbano. Se necesita cara dura para presentarse ante los colombianos como quien descubrió que un congresista del Polo había cometido el crimen de acompañar un reclamo ciudadano, posición que nos enorgullece y hemos proclamado a los cuatro vientos. Y se llega alto en la escalera de la inmoralidad cuando se toman por fuera de contexto tres frases seguidas mías que constituyen una sola idea, y se cita solo la segunda, para poder falsificar lo que pienso y dije. No fue casual el generalizado repudio de los medios de comunicación y de la ciudadanía a este despropósito del ministro Lizarralde.

Y es obvio que con esta conducta el Ministro buscó tirar una cortina de humo sobre su pasado, en relación con conductas indebidas o ilegales.

Entre las primeras, su persecución a los trabajadores de Indupalma y el contrato leonino que les impuso a los llamados “socios” de Coopsabana, campesinos que terminaron como siervos empobrecidos y con sus tierras hipotecadas a una empresa fantasma en Islas Caimán, para respaldar deudas de Indupalma. ¡Y el gobierno decidió implantar en todo el país el Modelo Indupalma!

Además, el ministro Lizarralde –como gerente de Indupalma– violó la Ley 160 de 1994, porque en el Vichada acumuló tierras que fueron baldíos adjudicados a labriegos y porque ocupa indebidamente baldíos del Estado en el Cesar.