Tal como me lo imaginaba, la petición que hice en mi más reciente columna, para que el alcalde Luis H. Rodríguez y los candidatos a las alcaldías y la Gobernación del Tolima revelaran sus declaraciones de renta, se quedó sin respuesta.
A Luis H. también le pregunté por el nuevo apartamento que comenzó a ocupar en Balcones del Vergel, pocos meses después de haber asumido el cargo, y luego de una campaña que generalmente deja en rines a los políticos. Tampoco tuve respuesta.
No me sorprende el silencio del Alcalde y el de muchos de los candidatos que quieren sucederlo a él, a los demás alcaldes y al Gobernador.
Y no me sorprende ese silencio por una sencilla razón: la ausencia de responsabilidad política a la que estamos acostumbrados los tolimenses y los colombianos, que tanto nos quejamos de los políticos y del sistema democrático que tenemos.
Aquí no pasa nada. Nos encanta fungir de transparentes, pero eludimos la transparencia. Nos encanta dar la impresión de ser serios, pero no lo somos.
Por eso, seguimos sin saber cuál es el patrimonio con el que llegan y con el que salen los funcionarios después de su paso por el poder. Muchos se vuelven potentados y a los ciudadanos no nos cuadran las cuentas. Tampoco tenemos suficientes elementos de juicio para saber si durante sus gobiernos se ganaron varias veces el Baloto, el chance o la lotería o si se encontraron algunas guacas.
¿Es atrevido preguntar por el patrimonio de los funcionarios? ¿Es impertinente? ¿Está prohibido?
No, en absoluto. Como ciudadanos merecemos saberlo, más allá de que lo ordene o no una ley. Como sociedad debemos saberlo, para tener la certeza de que quienes administran recursos públicos lo hagan con pulcritud y actúen rectamente.
El problema es que los dirigentes políticos de este país no están acostumbrados a rendir cuentas, salvo si se las pide una autoridad judicial, fiscal o disciplinaria en desarrollo de una investigación, que muchas veces no llega a nada.
Adicionalmente, la sociedad y el electorado -que tanto se quejan- tampoco piden cuentas.
Las preguntas sobre la declaración de renta las hice no sólo a propósito del escándalo que sigue sin aclararse en México alrededor del presidente Peña Nieto, su esposa y sus socios en el Gobierno, sino también por episodios de la vida colombiana.
Uno de ellos está deliciosamente narrado por el periodista Alberto Donadío en el libro El Uñilargo, sobre el proceso que hizo el Congreso al exdictador Gustavo Rojas Pinilla, abuelo de Samuel e Iván Moreno Rojas, presos -¡qué curiosidad!- por corrupción.
Rojas ha sido el único expresidente juzgado gracias a la inoperante Comisión de Acusación de la Cámara. En el Congreso le comprobaron al general que su patrimonio se había incrementado 40 veces en los cuatro años que estuvo en el poder.
Y Rojas fue condenado. Pero años después el exdictador logró que le quitaran la inhabilidad perpetua para ocupar cargos públicos. Y estuvo a punto de ganar las elecciones presidenciales de 1970. Muchas evidencias demuestran que las ganó, pero que se las robaron.
Lo paradójico es que muchos colombianos, acostumbrados a la corrupción, añoran a Rojas Pinilla, porque “robaba, pero hacía obras”.
Para que esas historias no se repitan, o para que al menos se reduzcan considerablemente, sería bueno que los políticos no eludieran mostrar sus cuentas.
Por la actitud asumida hasta el momento, los destinatarios de la petición sobre la declaración de renta se están haciendo los de la “oreja mocha”: Sí saben, pero no responden. Y, como diría Cantinflas, “todos tan contentos”. ¡Después no nos quejemos!
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