A partir del próximo 7 de agosto, Iván Duque Márquez y Marta Lucía Ramírez contarán con cuatro años de gobierno.
Primer reto: en el 2022, cuando Colombia debe volver a surtir el proceso electoral para una nueva elección presidencial, el gobierno de Duque-Ramírez deberá haber obtenido logros sustanciales en cuatro frentes a fin de evitar que las tentaciones populistas vuelvan a ganar alguna viabilidad electoral: 1) lucha contra la pobreza y la inequidad, 2) lucha contra la corrupción, 3) implementación del acuerdo de Habana-Colón, sin trizas ni risas, y 4) consolidación de la seguridad territorial y ciudadana como valor democrático. Cualquiera de estos frentes o una combinación de los mismos, al no mostrar indicadores de mejoramiento en el 2022, pueden producir en la sociedad colombiana un sentido de necesidades agobiantes que demandan urgentes soluciones a como dé lugar, y son esos los ambientes que incuban los liderazgos mesiánicos, apocalípticos, maniqueos, perniciosos propios del populismo, con fórmulas simplistas y taumaturgias discursivas que ofrecen bálsamos de Fierabrás para resolver, en un santiamén, cualquier tipo de mal social. Segundo reto: coordinar frentes de gestión con autoridades departamentales y municipales para retomar un sendero descentralista, que priorice regiones y municipios como territorialidades para vivificar la democracia segura, productiva, justa, incluyente, sostenible, soberana e institucional.
Para ello, hay que tener en cuenta algo obvio y siempre olvidado: el traslape del gobierno nacional en su primer año de ejercicio con salientes administraciones municipales y departamentales que están jugándose en su último año de gobierno, con inercias que imponen sus propios planes de desarrollo local y un plan nacional de desarrollo que aún está en ejecución, mientras llega la vigencia en pleno del plan que si llevará la impronta de la administración Duque-Ramírez. En el 2020, el Gobierno nacional, ya con su propio plan de desarrollo en marcha, tendrá que entrar a coordinar los entusiasmos de las nuevas administraciones municipales y departamentales, que se tomarán a su vez, casi un año para priorizar sus propias apuestas y armonizarlas con las líneas programáticas estratégicas del nuevo plan nacional de desarrollo Duque-Ramírez. Conclusión: solo dos años, 2021 y parte del 2022, para introducir algo de acción coherente y coordinada entre las metas nacionales con las metas regionales y locales. Todo ello en medio de grandes retos sectoriales y grandes restricciones fiscales.
Poco tiempo y muchas tareas por emprender. Un consejo: reducir al máximo posible iniciativas legales y de reforma constitucional de origen gubernamental, para dedicarse a ejecutar las leyes, como corresponde a un poder ejecutivo en un Estado Social de Derecho. Proceder así, le evita de paso, las ¨transacciones de gobernabilidad¨ que imponen las lógicas del clientelismo y la politiquería, esa batalla, siempre pospuesta, hoy por hoy, inaplazable.
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