Es grave porque sus tentáculos se extienden y penetran todos los estamentos de la nación. Lo peor: la sociedad, las comunidades urbanas y rurales, la misma iglesia y sectores de las Fuerzas Armadas se han dejado corromper por el dinero fácil y lo que de éste pueda aprovecharse.

Loable el esfuerzo concentrado que la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría vienen desar­rollando conjuntamente para detectar casos, identificar fuentes, explorar raíces y orígenes, así como para judicializar a los responsables. Pero no es suficiente. Como tampoco lo es la personal dedicación del señor presidente Santos al tema y el llamado público al Congreso, las Cortes, las entidades crediticias y en este momento electoral con mayor ahínco a los partidos políticos y las campañas electorales, al igual con el estamento electoral.

El problema afecta a la nación entera, desde el ciudadano raso hasta las más elevadas instancias del Estado. Se trata de un mal nacional y es la nación entera con sus organismos de poder y la ciudadanía honrada la que se debe comprometer a remediarlo. El ciudadano, en busca de cumplir requisitos de ley, paga a tramitadores ilegales para ganar tiempo, el profesional que exige coimas para asegurar contratos para sí y sus valiosos parientes; el funcionario que admite dinero para emitir votos políticos a favores de cualquier género, están contribuyendo a enriquecer la cor­rupción reinante y hacer más difícil encarar las soluciones adecuadas.

La ciudadanía debe ponerse en pie. Aplicar sanciones sociales al corrupto comprobado como cerrarle puertas de ingreso a clubes y asociaciones gremiales y profesionales. Repudiar a los que ­hacen alarde de trucos y mañas para burlar la ley y defraudar el tesoro público y los nuevos ricos en gracia al dinero malhabido en firme nos la pueden ganar, menos ante una coyuntura electoral donde el fraude cierne su sombra siniestra con trasteo de votos, alteración de resultados y mil formas y ­trucos para llevar al poder a quienes no lo ­merecen.