No he podido dormir tranquilo, como si yo fuera responsable de las decisiones políticas o de la justicia sobre la salud de mis compatriotas. Me estremece pensar qué haría yo si tuviera la responsabilidad de salvar la vida de una persona como Camila Abuabara, pero al mismo tiempo debiera proteger la vida de millones de colombianos.

Camila, aquejada de leucemia, se volvió famosa en los medios masivos y sociales de comunicación, merced a una tutela interpuesta contra su EPS. Gracias a este recurso jurídico, un juez de la República ordenó a dicha entidad que la enviara a Houston, EE.UU., para recibir un tratamiento experimental de trasplante de médula ósea en ese país para salvar su vida.

Hasta aquí me agradaría mucho ser juez para haber salvado una valiosa vida. Pero si asumiera esta decisión, debería saber que la misma tendría implicaciones negativas para la vida de otros colombianos. La diferencia de costos entre la opción exigida para Camila, trasplante en Houston, vale el 85% de dos millones de dólares (ese 85%, en pesos, equivale a 3.700 millones), pues en Colombia el mismo tratamiento costaría únicamente 300 millones.

Solo quisiera ser el juez que salvó a Camila, repito, pero no ‘el juez’ llamado a cuidar la vida y salud del resto del pueblo. Este ‘juez’, para efectos de este ejercicio conceptual, es el ministro Alejandro Gaviria.

La decisión de Gaviria de impugnar el fallo del juez parecería cruel y es antipopular a simple vista, pero es absolutamente responsable con Colombia. Si aceptamos ese trato especial para Camila, movidos por nuestro buen corazón, no podemos negar algo similar para otros casos a futuro. Las implicaciones financieras de esto son enormes y despiadadas con los derechos de otros. Los cálculos advierten que se requerirían entre cuatro y 10 billones de pesos más al año y fallos como el de Camila llevarían al sistema a la quiebra. Solo bastaría multiplicar por mil los tres mil 700 millones de pesos de cada tratamiento que deberíamos costear en casos como el contemplado para entender el dilema.

A las cortes y a los políticos que defienden solo los derechos constitucionales de los colombianos, no les cabe en la cabeza el concepto de equidad basado en las realidades presupuestales del Estado. Mientras esas tengamos, mientras no legislemos ni juzguemos sincerándonos con el bolsillo, estaremos favoreciendo a unos pocos y condenando a futuro incierto a millones de compatriotas que encontrarán las arcas vacías de ‘estados fallidos’. Just remember Venezuela, para saber qué nos espera en un mal concebido estado ‘socialistoide’.