A medida que avanza el proceso de paz, la opinión pública empieza a discutir el tema de la cuantiosa fortuna, ‘botín de guerra’, que las Farc han acumulado en 50 años de actividades delictivas.

Fernando Vargas Quemba, director del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla, calcula que dicha fortuna de las Farc supera los 12.000 millones de dólares. En pesos, esta cifra estaría por encima de 25 billones, suficientes para pagar del 25 al 40 por ciento de los costos del posconflicto.

Al hacer esta afirmación porcentual, vale la pena citar al exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo, quien habría advertido que no hay cifras exactas. Restrepo, sin embargo, se habría atrevido a estimar, según la más reciente columna del economista Armando Montenegro en El Espectador, una cifra de costos posconflicto “entre 80 y 100 billones de pesos para los próximos 10 años”.

Lo cierto es que una tan cuantiosa cifra no puede quedar en manos de un puñado de ultra-millonarios comandantes de la guerrilla. Habrá un punto indicado, no me atrevo a señalar cuál, en que se toque el tema y se exija a nombre de la sociedad una entrega pacífica de la bolsa financiera, de manera tan contundente como se exigirá la entrega de las armas. Esto sí que ayudaría a que el proceso de paz valga la pena, comparado con cualquier otra opción para terminar la guerra.

Para resarcir a los desposeídos campesinos colombianos, razón de ser invocada políticamente para justificar la existencia de las Farc, se podría tener en cuenta un gigantesco predio de más de 900 mil hectáreas de ese grupo subversivo.

Se trata de un latifundio monumental que toca los departamentos de Huila, Caquetá y Meta. La propiedad habría sido adquirida progresivamente, según un grupo élite de inteligencia, constituido por el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. Durante los últimos años se habrían comprado decenas de predios a particulares, que se sumaron a baldíos de la Nación.

Todo cálculo financiero sobre estas tierras, una parte apenas del botín, es tan especulativo como el del exministro citado. Pero vale la pena atreverse a hacer un sencillo ejercicio de cálculo, para que la opinión pública entienda las dimensiones de este lo que está en juego. Si tomáramos como base de cálculo un número de 7.000 guerrilleros activos a desmovilizar y 14.000 víctimas a reparar, cada uno de ellos podría recibir 43 hectáreas.

Conseguir que las Farc entreguen estos ‘bienes de manos muertas’ (recordando al famoso expresidente revolucionario Tomás Cipriano de Mosquera), tal vez sea más difícil, pero igual o más importante que la misma entrega de armas.

Ambas partes del proceso lograrían asegurar una verdadera paz para Colombia. “Seamos realistas, pidamos lo imposible”, como predicaban los estudiantes de ‘mayo del 68’.