está en los procesos de quiebra sufridos actualmente por varias naciones de la Unión Europea, tan importantes como Italia, Grecia y España, cuya clase política malgastó y permitió que se dilapidaran en excesos a favor de unos pocos funcionarios estatales y empresarios privados, miles de millones de euros, mientras ocultaban dolosamente, ante las calificadoras de riesgo, el verdadero estado de sus economías internas.

Se enseñorea en economías tan fuertes como la brasilera, cuya presidenta, Dilma Roussef, ha tenido que aceptar las renuncias de más de cinco de los integrantes de su gabinete, asediados por situaciones inocultables de corrupción, el mismo motivo por el cual su antecesor ya había tenido bastantes dolores de cabeza.

En nuestro medio está en las deficientes obras infraestructurales de movilidad, tan necesarias para el buen futuro del país, pero que no han tenido éxito, porque los contratos han sido manejados en forma deshonesta, dilapidando los recursos recibidos del Estado, en actividades distintas a las obras encomendadas, manipulando los diseños o manejando mañosamente el tiempo, para lograr prórrogas y modificaciones contractuales, leoninas en contra del recurso público.

La corrupción se destapa en medio del cruel invierno que se ha apoderado del territorio colombiano, que evidenció horrores como los que cometen las intocables corporaciones autónomas regionales, cuando permiten o contribuyen a que se viabilicen procesos de urbanismo sobre terrenos que corresponden a los aliviaderos de los cauces de los ríos, en zonas de manifiesto peligro, o, cuando envenenan su actuación con vicios de politiquería que al final se revierten en obras de prevención que nunca se ejecutan y proyectos de la más distinta índole, que se hacen en contravía de las más elementales normas de cuidado ambiental.

El reinado de la corrupción parece crecer al lado del agravamiento de las crisis actuales; precisamente por estos días, según pude escuchar en una emisora radial, el Alcalde suspendido de la capital de la República recibió acusación de haber exigido para sí alrededor de 15 mil millones de pesos por los contratos de varias de las vías de la ciudad. Cabe suponer que si esto pudo ocurrir con el mandatario de una ciudad del tamaño de Bogotá, ¿qué puede pasar con todos los subalternos y la gente en general? Se concluye que realmente somos una sociedad altamente afectada y vulnerable a la corrupción en todos los niveles.  

El pasado jueves, el Veedor General de la República, en entrevista publicada en el diario El Espectador, advirtió que durante el primer semestre de 2011 el Gobierno central suscribió contratos por 18.4 billones de pesos, de los cuales un 88 por ciento se realizó sin ser sometido a ningún proceso de selección objetiva y advirtió que, aunque ello no significa que los recursos se vayan a perder, esta flexibilidad en la contratación podría prestarse para el pago de favores políticos con dineros del Estado.
    Este cuadro de tan alta descomposición que campea por todas partes, se acentúa con hechos como que en la proyectada Reforma a la Justicia que entregó el Gobierno al Congreso se consagra una serie de privilegios a favor de personajes de las altas cortes extravagantes e innecesarios y para nada ejemplares, en un país con tanta gente que no tiene lo elemental.