el desempleo disminuye a un dígito, mientras al mismo tiempo crece un elemento tan negativo en términos sociales, como es la informalidad, fenómeno que condena a miles de colombianos a ejercer trabajos de baja calidad, con un futuro poco alentador y desprovisto de la tranquilidad que representan, la pensión y los demás elementos de protección social, que deben ser un derecho general.

El pasado domingo, El Tiempo destacó un estudio institucional reciente del Banco de la República escrito por el investigador Luis Prado Galvis, el cual destaca un indicador de informalidad del 62 por ciento, para el país, lo que significa algo cercano a que dos de cada tres personas ocupadas, son informales. Este es un elemento altamente preocupante, pues ofrece un panorama futuro de desprotección para muchas personas que hoy tienen fuerzas al menos para mantenerse con sus actividades remunerativas informales, pero que en su vejez, estarán expuestos a una casi segura condición de pobreza y desatención social.

La investigación comentada destaca que el 88 por ciento de los trabajadores nuestros no reciben primas, el 67 por ciento carecen del pago de sueldo en sus vacaciones y que el 62 por ciento no aporta a pensiones o salud.

Esta situación, desde luego se agudiza en las personas o familias con bajo nivel de educación, puesto que, esta mano de obra tiene la más baja productividad.

Todo lo anterior refleja lo pernicioso de esta situación, producida por una estructura laboral nacional inequitativa.

Según la información de El Tiempo, para colocarle un parche al problema, el Gobierno nacional está planteando la emisión de un decreto sobre beneficios económicos periódicos en busca de que entre 3.5 y seis millones de trabajadores informales, logren ahorrar así sea menos de lo que ahorra al sistema de pensiones un trabajador de salario mínimo, para que cuando estas personas lleguen a la vejez, consigan la mesada subsidiada por el gobierno que no se considera pensión, por ser inferior a la remuneración mínima legal, pero, que al menos representa un paliativo para su  protección social.

En esa materia es bueno que se tenga en cuenta lo que pasa en este sentido en los territorios, y si se trata del Tolima, y particularmente Ibagué, el fenómeno es preocupante, ya que la capital del Departamento refleja un índice de informalidad que supera el 60 por ciento y al mismo tiempo la tasa de desempleo sigue siendo de las más altas del país.

Lo anterior obliga a las autoridades locales a tomar todas las medidas que estén al alcance para combatir estas lacras sociales. Es necesario que desde lo local se hagan todas las gestiones técnicas y económicas, para que se fortalezca el observatorio local para el empleo, y se presenten  proyectos de inversión claros al gobierno nacional para el fomento del trabajo, que contengan compromisos y esfuerzos conjuntos en este sentido, para los sectores público y privado, que sean además sostenibles en el largo plazo.

Definitivamente, es hora de actuar en conjunto, para evitar que se deteriore más, la situación del empleo en el Tolima, y no se debe solo esperar, que sea la política nacional la que atienda tan complicado problema.