¿Quien puede pensar que un país que reiteradamente se cataloga como privilegiado por su disponibilidad de aguas en cauces superficiales y en las distintas formas de provisión que existen del preciado líquido, se encuentre afectado y en forma acentuada por su carencia? Se habla ya de varias ciudades capitales de departamento que tienen problemas fuertes en este sentido, como Santa Marta, que viene aquejando esta dificultad desde hace varios meses. Otras regiones como La Guajira y el Cesar, por solo citar dos, también son azotadas por la escasez del agua. Entre más nos acompaña el halo de ser importantes poseedores del líquido de la vida, más resultamos tocados por su carencia, bajo las manifestaciones del cambio climático.

Conviene preguntarse si en verdad la institucionalidad existente en las regiones, ha sido y seguirá siendo eficiente para conjurar los problemas ambientales, pero, a esta inquietud se tiene que responder muy a pesar nuestro, que no, que las instituciones comúnmente denominadas CAR, no han respondido en materia ambiental a los graves problemas que aquejan a las regiones, en sus funciones, preventiva, reglamentaria y educativa, dejando un vacío en la acción estatal en tan delicada variable.

Con las Corporaciones autónomas regionales ocurrió igual que con la elección popular de alcaldes, que se pensó que al ser elegidos directamente por el pueblo, estos se sentirían comprometidos con la confianza otorgada por los electores, y que, normalmente responderían con un desempeño eficiente y honesto al frente de sus entes territoriales; pero sucede lo contrario, los alcaldes una vez se hacen al poder, en su mayoría se han entregado en los brazos de sus financiadores de campaña, y hacen de lado la lealtad a sus programas de gobierno, casi convirtiendo la contratación y los recursos públicos en botín, para repartir entre sus mayores benefactores. Puede decirse que, tal vez, el compromiso con los votantes es un factor que no los terminó preocupando.

Un hecho similar ocurre con las denominadas CAR, que asumieron poderes constitucionales a partir de 1991, bajo el supuesto de que al ser elevadas a semejante categoría, sabrían corresponder, con su proyectada función en el Sistema Nacional Ambiental; pero, como sabemos, también se politizaron y hoy en su absoluta mayoría no han podido plasmar su efectividad como autoridades ambientales en cada territorio. Es hora de cambiar este estado de cosas.