Cuando el país se apresta a recibir un nuevo equipo de gobierno, con todos los aciertos y posibles desaciertos en su designación y cuando el proceso de paz que discurre en La Habana, está recibiendo a los representantes de las víctimas para que dejen oír su voz en las conversaciones con las Farc, otro episodio ocurre con la Contralora saliente.

Saber que la Fiscalía General de la Nación abre un proceso de investigación contra la Contralora General de la República, que termina su mandato, porque posiblemente incurrió en graves irregularidades en la contratación de un inmueble en arrendamiento para el funcionamiento de las oficinas centrales en Bogotá, con significativos sobrecostos, cuando ya este organismo contaba con unas buenas instalaciones en el Centro de la ciudad, cercanas a las principales dependencias del Gobierno nacional, es algo que luce incoherente, con un Estado que debe planificar los óptimos de su funcionamiento e inclinarse por operar bajo el principio de la economía, hecho que sería inaceptable, para una opinión pública que espera que los organismos de control combatan la corrupción, no que la propicien.

Sin conocer los detalles técnicos de esta situación, cualquier persona intuye que si un organismo público está ubicado en un lugar cercano a muchas de las entidades vigiladas, en el centro de la ciudad, con suficientes medios de transporte y comunicaciones, no tiene mayores motivos para cambiar de sede, o si los tiene, debe demostrarlos certeramente. Si un hecho oneroso como este, no se justifica claramente, la opinión entra en desconcierto, al saber que una de sus más representativas instituciones, está al filo del desprestigio, porque los comportamientos de su administración pueden estar incursos en lo indebido. Pero, mayor es el desconcierto, cuando la acusada replica que si en el Fiscal General de la Nación pudiera, la mandaría a matar, llevando el caso a un pulso de poderes.

Una situación como esta, no le conviene a una sociedad que sabe los cuantiosos recursos que se sustraen de las finanzas públicas, para quedarse enredados en los bolsillos de servidores públicos inescrupulosos, al tiempo que existen tantos colombianos que necesitan de estos, para palear al menos su situación de miseria. Pero, peor aún, es que la gente tenga que aceptar como un hecho sin remedios, que en nuestro medio hasta la sal se corrompe.