El camino andado es elocuente, la subversión fariana y el equipo de Gobierno se han entregado por más de dos años a concretar un anhelo sentido por muchos, acabar la guerra, ese hecho violento e irracional que nos ha privado a muchos de vivirlos encantos de gran parte de Colombia. Pero este prolongado sacrificio debe tener su fin, pese a losmiles de lápidas y tumbas sin nombre que revelansu existencia ylas cicatricesde las víctimas quereflejanla crueldad con que los actores irregulares e institucionales del conflicto los han tratado, el acuerdo se abrió paso.
Todo arreglo de este tipo tiene amigos y oponentes; sin embargo, los más llamados a opinar, a ser tenidos en cuenta para las medidas de solución, son precisamentelas víctimas, que tantas veces en medio del olvido, han pagado la crudeza de una guerra sin sentido.
Pero todo indica que lo más difícil ya pasó, esta idea quedó validada con la escala del Presidente de la República en Cuba, para ratificar el consenso de las partes sobre la justicia transicional que cobijará a los integrantes de las Farc. Esta justicia de corte restaurativo permite imponer penasrestrictivas de la libertad vigiladas, que no equivalen a la cárcel, e implica que se podrán imponer sentencias que se cumplan mediante trabajos, llevando a cabo obras o formas de labor en bien de la comunidad.
Algo también esencial en el acuerdo, es la posibilidad de que en casos específicos, los excombatientes que satisfagan las condiciones concretas, tengan acceso a la elegibilidad política, condición que hace cierta su inserción integral en la vida civil, con la conformación de un partido político.
Sin embargo y con todos los avances obtenidos en el proceso, todavía falta llegar al final. Se debe recordar que la condición de partida, es que nada estará acordado hasta que todo esté acordado, y que será el pueblo el que en las urnas ratifique lo pactado por las partes. Precisamente, es este el momento en que más se debe cuidar el objetivo de la paz, porque nadie duda de que hay conspiradores al acecho, que no se ahorrarán en nada para tratar de romper el proceso. Por eso, urge actuar con rapidez, para que lo del plazo establecido de los seis meses se cumpla, y que los extremismos no se salgan con la suya.
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