Una de las más perversas connotaciones del conflicto armado en Colombia es la presencia de menores de edad en las filas de los combatientes.
Por supuesto que tan execrable circunstancia no es monopolio de los grupos armados colombianos, sino se reproduce por el mundo doquier hay enfrentamientos. Sin embargo y por lo prolongado de la confrontación en Colombia son ya varias las generaciones que han visto desaparecer en la guerra sus más elementales derechos y sus más simples aspiraciones.
Tanto la guerrilla como los paramilitares han nutrido sus contingentes con niños a quienes reclutan con halagos económicos o, las más de las veces, por la fuerza. Forjados en la guerra el proceso de regresar a la vida civil es un asunto profundamente complejo que, en ocasiones, desborda la capacidad de la sociedad.
Lo descrito debe servir como base para que se genere un apoyo irrestricto a iniciativas como la de 'Mambrú no va a la guerra', que busca denunciar el reclutamiento de menores y señalar dentro y fuera del país a los grupos armados que lo practican.
En el mismo plano deben considerarse los pronunciamientos del presidente Juan Manuel Santos cuando le dice a la guerrilla que para poder llevar a cabo acercamientos en el tema de la paz, primero debe haber actos que indiquen la intención del grupo armado ilegal de caminar en ese sentido; vale decir, deben liberarse los secuestrados y los menores de edad que se encuentren en sus filas deben regresar a sus hogares o puestos en manos de las entidades gubernamentales que tienen a su cargo la atención de la infancia y adolescencia.
Sin duda la posición del Ejecutivo cuenta con el respaldo y la buena voluntad de la mayoría de los colombianos, que sólo anhelan alcanzar la paz y poder vivir en una patria en donde quepan todos. Lamentablemente persisten unos reductos que sólo encuentran en la guerra y la aniquilación del oponente la solución a atávicos problemas.
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