El pasado 20 de julio el juez temporal 15 de Garantías Penales, Juan Paredes, sentenció en Ecuador a los hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez, así como a Emilio Palacio, exeditor de la página de opinión del diario El Universo de Guayaquil, a tres años de prisión; de la misma manera, condenó a los cuatro encartados al pago de 30 millones de dólares y al diario a otros 10 millones de dólares y al pago a los abogados de la parte acusadora el equivalente de dos millones de dólares como costas del juicio.
El juicio por calumnia e injuria se produjo tras la demanda del presidente del Ecuador, Rafael Correa, con base en un artículo firmado por Palacio y publicado en El Universo de propiedad de los hermanos Pérez por razón de los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010, cuando ocurrió un levantamiento policial en contra de Correa. Existen numerosos elementos extraños en el fallo, pues el Juez temporal se posesionó y en 33 horas leyó las cinco mil cuartillas acumuladas en el proceso, escribió un fallo de 156 cuartillas, notificó a los encartados y se retiró.
No importó que el Código Penal impida las querellas contra personas jurídicas o que los delitos de opinión estén absolutamente excluidos por los tratados internacionales y, particularmente, en el Artículo 13 de la Convención Americana y la jurisprudencia de la Corte Interamericana.
Por supuesto que ante este fallo que flagrantemente ataca la libertad de expresión y el derecho a la información existe una segunda instancia, pero la celeridad con la que se produjo el fallo y la injerencia que el Ejecutivo ecuatoriano tiene en el poder judicial del vecino país no permite presagiar decisiones en contrario.
Correa ha tenido siempre prevención con la prensa independiente (actitud similar a la adoptada por los dictadores y déspotas de todos lo pelambres) y así lo ha expresado en múltiples ocasiones. En especial contra quienes se han pronunciado contra los negocios de su hermano Fabricio.
De aplicarse a rajatabla la sentencia se produciría la inmediata expropiación del diario y se concretaría una terrible amenaza contra quienes quieran preservar en sus páginas y espacios la libre opinión de los ciudadanos.
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