Como muchos lo previeron tras la liberación de Ingrid Betancourt y los rehenes estadounidenses el interés mundial y, lamentablemente también, el nacional, decayeron y muy pocos son los que reclaman por su regreso a los hogares.
Entre los uniformados en poder del grupo armado ilegal de las FARC se encuentra el cabo primero Robinson Salcedo GuarÃn, un tolimense, privado de la libertad desde el 3 de agosto de 1998, cuando la guerrilla se tomó el municipio de Miraflores, en el Guaviare.
Son ya 13 años del cabo Salcedo en los campos de concentración de las FARC, sometido a toda suerte de vejámenes y consumiéndose en vida como la otra veintena de uniformados que comparten su desgracia.
Por fortuna han reaparecido en el escenario organizaciones civiles que reclaman por el paradero de otro 256 ciudadanos secuestrados, que se presume están en manos de guerrilleros o paramilitares y que tampoco aparecen a la cabeza de las preocupaciones nacionales ni sus familias reciben información alguna por su destino.
Quien no abandona sus iniciativas es la exsenadora Piedad Córdoba, quien ha vuelto a tratar de establecer puentes para la liberación de los uniformados secuestrados y de nuevo comienza a agitarse la controversia por su intermediación. Todo con un fondo de tÃmidas propuestas por la paz, duras réplicas de quienes solamente conciben la guerra como solución de los conflictos y la angustia de los centenares de familias de los plagiados.
El clamor nacional debe manifestarse en reclamo de la liberación de todos y cada uno de los retenidos injustamente y esta debe ser una condición irrenunciable para dar inicio a cualquier conversación de paz. ¡Libérenlos ya!
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