Medidas contra los depredadores

Por años y pese a los monumentales daños que la minería ilegal causa al entorno y a la salud y la vida de los ciudadanos y las comunidades, tales estragos pasaron desapercibidos para los gobiernos, los ministerios, las autoridades militares y de policía, los entes de control y la misma ciudadanía. Dentro del concepto de ilegalidad debe incluirse a aquellas empresas nacionales y extranjeras que se pasaron y se pasan por la faja la Constitución, la legislación y el bienestar colectivo.

En el ámbito regional y a comienzos de los años noventa del siglo pasado hubo algunas protestas ciudadanas con respecto a la instalación de una paladraga en Ataco y desde entonces muy poco se había manifestado el colectivo ante los estragos que se hacían evidentes en la cuenca del Saldaña y, por supuesto, ninguna autoridad regional dijo esta boca es mía o controló el ingreso de la dañina maquinaria a la región.

En la nación aconteció algo similar hasta cuando se detectó que al deterioro ambiental y humano se añadía la financiación de grupos armados ilegales, narcotraficantes y terroristas. Fue entonces que desde el Ministerio, liderado en la época por Beatriz Uribe, se emprendió una campaña nacional para combatir a los depredadores y contaminadores. El aparato desplegado tuvo gran despliegue mediático, se incautaron centenares de retroexcavadoras y maquinaria complementaria- en el Tolima fueron decomisadas 70 retroexcavadoras que nadie había visto pasar- y se anunció un estricto control sobre las explotaciones ilegales.

El entusiasmo duró poco y los controles se rebajaron, las manipulaciones jurídicas y la capacidad corruptora e intimidatoria de los propietarios logró que gran parte de la maquinaria incautada fuera devuelta y la depredación se multiplicó hasta el punto de que el oro vino a reemplazar a la droga, el secuestro y la extorsión como fuente de financiación de los grupos armados.

Documentos encontrados y la situación detectada en las regiones ha forzado al gobierno a volver los ojos a un problema que amenaza desbordar la capacidad de control del Estado y el propio presidente Santos, basado en reciente legislación de la Comunidad Andina de Naciones que permite destruir en el sitio la maquinaria incautada, ha dado la orden para que las fuerzas del Estado aprovechen esta herramienta legal y procedan a eliminar los aparatos de depredación.

De esta manera las argucias legales y la manipulación del sistema judicial, que era el modus operandi de los ilegales deja de tener vigencia y la impunidad que reinaba se morigera. Ojalá la actividad de las fuerzas de Estado no sea un episodio pasajero.