Verdad, justicia y reparación

Mediante un fallo que sí interpreta los conceptos de verdad, justicia y reparación, el Juez Tercero Especializado de Buga condenó a Henry Loaiza Ceballos "el Alacrán" a indemnizar con 600 millones de pesos a cada una de las familias de las víctimas de lo que se conoce como la masacre de Trujillo en el Valle del Cauca en marzo de 1990, en la que fueron torturados, asesinados y desmembrados 42 ciudadanos, 22 fueron secuestrados y uno desaparecido.

A instancias de organismos internacionales la espantosa matanza fue investigada y fruto de tales indagaciones se publicó un pormenorizado informe en el que se describían los bárbaros métodos utilizados, los instigadores y ejecutores de la misma y la participación del Ejército en los hechos a través de efectivos del Batallón Palacé de Buga.

El Tolima fue el siguiente destino de los asesinos ya que "el Alacrán" sentó sus bases en Ibagué e instauró el cultivo de la amapola y el comercio de su producción en el departamento dentro de la estructura criminal de "don Diego". Con él llegaron a la Sexta Brigada los oficiales que estaban al mando en el Batallón Palacé, continuando el siniestro contubernio iniciado en el Valle.

Loaiza adquirió notorio protagonismo en la vida económica del departamento y su capital con inversiones en droguerías, actividad agropecuaria, crianza de alevinos y almacenes de textiles y confecciones. Por cierto, y como ha sido usual, contó con el apoyo de sectores regionales dispuestos a todo por dinero.

Tras varios asesinatos selectivos y por ajustes de cuentas y la presencia abierta de otros peligrosos afiliados a Loaiza, la presión internacional movió al aparato de justicia y el mafioso fue capturado y condenado a una prolongada pena tras haber quedado a punto de salir a través de artimañas jurídicas.  

Sus propiedades y negocios quedaron en manos de testaferros y parientes que cambiaron sus nombres y apellidos para salir del radar de las autoridades, pero el viajero que transita por la doble calzada Ibagué- Flandes encontrará, antes del peaje de Flandes, hermosas fincas con nutridas dehesas y si camina por la principal calle comercial de la capital del Tolima podrá observar prósperos negocios del capo camufladas como propiedad de otros sujetos. 

Haría bien el juez de Buga en indagar por las propiedades del criminal en el Tolima ya que servirían para indemnizar, en parte, a las víctimas de la oprobiosa masacre.