La minería, que se espera sea un puntal de la economía nacional es, también, un cúmulo de dolores de cabeza del más diverso orden como que en buen número de zonas mineras se viven confrontaciones bélicas, aumenta la extracción informal, actores del conflicto armado buscan dominarla, crece el número de denuncias por daños ambientales provocados por la minería, etc. Como si lo anterior fuera poco, en el país hay incertidumbre e inestabilidad jurídica en materia de minería como consecuencia de varios hechos.
La Ley 685 de 2001 expidió un Código Minero. Variados debates hubo y muchas posiciones encontradas se conocieron a raíz de las disposiciones en él contenidas. Se le criticó, entre otras cosas, por no proteger los humedales ni las zonas de páramo, abriendo las puertas a devastadores daños ambientales.
En 2005 se expidió un nuevo Código Minero, que se reformó sustancialmente a través de la Ley 1382 de 2010. Esta fue la norma declarada inexequible en 2011 por la Corte Constitucional, por chocar con el Convenio 169 de la OIT, por no haber hecho la consulta previa obligatoria con las minorías étnicas.
Dicho fallo ordenó al Gobierno Nacional que antes del 11 de mayo de 2013 convocara a las comunidades indígenas, les consultara el contenido del nuevo Código y volviera a tramitar ante el Congreso su expedición.
El Gobierno no hizo tal tarea y dentro de 12 días vence el plazo dado para ello. Así, el próximo 11 de mayo volverá a regir el criticado Código Minero de 2001.
El ministro de Minas informó que el Gobierno tenía un plan B para aplicar. ¿Con qué se puede reemplazar un Código? Solo con otro Código. Luego lo expresado es un mascarón de proa para disimular el pañete con el que “taparán” profundas grietas y quedarán sin garantías los derechos de los mineros nacionales y sin protección el patrimonio natural.
La negligencia del Gobierno produjo hondo vacío en un fundamental sector de la economía, el ministro de Minas (que poco ha aportado en su paso por varios ministerios) es políticamente responsable de ello y el sector minero se ha hundido en un mar de incertidumbre e inestabilidad jurídica, ambiental y administrativa. Y como si no fuera suficiente, los cambios en la Legislación Minera implican la reforma de las Corporaciones Autónomas Regionales. Luego el problema es de hondo calado.
La negligencia del Gobierno produjo hondo vacío en un fundamental sector de la economía, el ministro de Minas (que poco ha aportado en su paso por varios ministerios) es políticamente responsable de ello y el sector minero se ha hundido en un mar de incertidumbre e inestabilidad jurídica, ambiental y administrativa.
REDACCIÓN EL NUEVO DÍA
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