Cuestionamientos y responsabilidad

Cuestionamientos y responsabilidad
A pesar de ello, García se posesionó y, poco después de un año, el Consejo de Estado anuló su elección por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Durante los 18 meses que estuvo al frente de la Gobernación García Orjuela se dedicó a defenderse, y de su gestión nada quedó.
21 Oct 2019 - 3:01am

menos de una semana de las elecciones regionales, el panorama de Ibagué y el Tolima es incierto, por cuenta de los procesos judiciales que cursan en contra los candidatos más opcionados a regir los destinos del Departamento y su capital.

Comencemos por los aspirantes a la Alcaldía de Ibagué. El candidato Andrés Hurtado está acusado de los presuntos delitos de peculado por uso y ocultamiento de pruebas, por haber autorizado piques ilegales cuando fue administrador del aeropuerto Perales. Su caso se encuentra en el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ibagué. La audiencia preparatoria de juicio está programada para el 29 de noviembre, un mes después de las elecciones y luego de haber sido pospuesta en varias ocasiones. En contra del empresario radial Rubén Darío Correa pesa una denuncia por el presunto delito de injuria y calumnia que formuló Augusto Ocampo, ex zar anticorrupción de Ibagué. Por último, el exconcejal Camilo Delgado cuenta con una imputación de la Fiscalía por la elección irregular del Contralor de Ibagué.

En cuanto a los aspirantes a la Gobernación, uno de los favoritos, Ricardo Orozco, tiene en su contra cuestionamientos relacionados con una condena por tentativa de homicidio y por haber sido destituido de la Policía por esos mismos hechos. Por el lado de Mauricio Pinto, el Consejo Nacional Electoral negó la solicitud de revocatoria de la inscripción, instaurada por un demandante anónimo que aseguró que en contra de este candidato existe una condena penal ejecutoriada, la cual no aparece en los juzgados.

En estos casos, la justicia no ha dicho la última palabra y es posible que todos salgan bien librados; en este escenario optimista, si alguno resulta electo, como los procesos están en curso, el ganador deberá dedicar parte de su tiempo y esfuerzos a plantear su defensa, con el consiguiente desgaste que ello implica. En un escenario pesimista el ganador podría resultar inhabilitado, y la ciudad o el Departamento se quedarían sin gobernante.

Vale la pena recordar que en 2003 fue elegido gobernador de los tolimenses Jorge García Orjuela para el periodo 2004-2007, y fue demandado por estar inhabilitado. A pesar de ello, García se posesionó y, poco después de un año, el Consejo de Estado anuló su elección por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Durante los 18 meses que estuvo al frente de la Gobernación García Orjuela se dedicó a defenderse, y de su gestión nada quedó.

A seis días de la jornada electoral pareciera que todo está escrito; sin embargo, nos corresponde alertar de nuevo sobre el futuro que se avecina, en caso de elegir a un candidato con problemas legales, pues estos hechos pueden perturbar el buen desarrollo de las administraciones y retrasar aún más el desarrollo que tanto anhelamos para nuestra región. Los ciudadanos tenemos responsabilidades como votantes: una de ellas es aprender de los errores del pasado.

Publicada por
REDACCIÓN EDITORIAL