Para conjurar la guerra

El Gobierno ha tenido que obrar con presteza para intentar conjurar la guerra verde que se presenta en el occidente de Boyacá por los enfrentamientos entre esmeralderos que se han recrudecido tras la desaparición de Víctor Carranza y que se agudizaron aún más después del atentado en Pauna contra Pedro Nel Rincón Castillo, alias “Pedro Orejas”, que se saldó con cuatro muertos y una veintena de heridos.

Lo primero que hizo el Gobierno fue enviar 250 hombres de la Policía e igual número del Ejército para controlar los violentos hechos. Sorpresivamente la Fiscalía dio orden de detener a Rincón y trasladarlo de Maripí a Tunja en helicóptero con grandes medidas de seguridad para procesarlo en la capital del Departamento.

Las confrontaciones por apropiarse del negocio de las gemas tienen más de 40 años y se remontan a la época de los hermanos Efraín y Valentín González, “El Ganso Ariza”, y “El Pequinés”. Guerra que se libró en Muzo, Coscuez y las mismas calles de Bogotá.

Vino luego el apogeo de Víctor Carranza y Gilberto Molina quienes a sangre y fuego se apoderaron del negocio y las vetas más ricas, así como por su cercanía a muy influyentes círculos políticos lograron construir una pantalla legal a sus operaciones y un blindaje al negocio que ha resultado impenetrable para los distintos gobiernos y los organismos de control, pues pese a ser el Estado el que concede las licencias mineras nunca ha tenido información fehaciente ni confiable sobre la producción de esmeraldas y, mucho menos, sobre la cuantía de las exportaciones.

Los enormes volúmenes de dinero del negocio atrajeron a narcotraficantes, paramilitares, políticos y funcionarios que mezclaron sus intereses, recursos, capacidad de corrupción y poder de donde se originó el más nocivo contubernio que ha producido miles de asesinatos, incontables desplazamientos forzosos, violencia desatada y enorme poder económico y político.

Basta reseñar que a más de las minas y el narcotráfico, adquirieron obscenas extensiones de tierra, financiaron a los más corruptos políticos, trajeron mercenarios a entrenar su máquina de guerra, armaron las más sanguinarias bandas y se apropiaron de miles de hectáreas mediante argucias legales o por las prácticas más abominables.

De paso se volvieron invulnerables a las leyes y pese a las denuncias y los reclamos de diversos sectores personajes como Víctor Carranza jamás fueron condenados y otros como Pedro Rincón han sido sobreseídos por razón de amenazas y sobornos. Solo los que pretendieron suplantar al Estado por la fuerza como Efraín González y Rodríguez Gacha fueron eliminaos en enfrentamientos con la Fuerza Pública.

Su imperio de terror abarcó ( y abarca) Boyacá, Meta, Casanare y grandes extensiones en el Magdalena Medio y es tan preocupante su fuerza y su capacidad de alteración del orden público que cuatro ministros y destacamentos del Ejército y la Policía han confluido en Tunja para tratar de conjurar una nueva y abierta guerra.

Tal vez ahora el Gobierno comprenda que no en vano se puede dejar impune una máquina de guerra y corrupción de tales dimensiones que se ha convertido en un estado dentro del estado.